Agbar lleva el 'caso ATLL' hasta Bruselas

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LITIGIO DESDE ENERO DE 2013

Cristina Farrés

El presidente de la Generalitat, Artur Mas (izquierda); la directora de la Secretaría General de la Comisión Europea, Catherine Day (centro); y el presidente de Agbar, Angel Simón (derecha)
El presidente de la Generalitat, Artur Mas (izquierda); la directora de la Secretaría General de la Comisión Europea, Catherine Day (centro); y el presidente de Agbar, Angel Simón (derecha)

en Barcelona, 06 de marzo de 2015 (16:54 CET)

La negativa del Gobierno de Artur Mas a cumplir con los mandatos judiciales del caso ATLL le llevará ante la Secretaría General de la Comisión Europea, dirigida por Catherine Day. Agbar ha decidido tensar la cuerda al máximo y llevar la guerra del agua en Cataluña y le ha denunciado por la vulneración del derecho comunitario en materia de contratos públicos.

En ella, le recuerda que desde enero de 2013 tiene que excluir a Acciona de la licitación. Así lo reclamó ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hace dos años, cuando Agbar presentó el primer recurso por la vía judicial para anular la adjudicación.

Resolución de la Oarcc

Ahora, reclama también ante Bruselas que se ejecute la resolución del Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público (la antigua Oarcc) frente a la adjudicación del contrato. El documento afirma que Acciona debe ser excluida de la licitación al no cumplir con el pliego de condiciones. 

La institución obligó al Gobierno de Artur Mas en enero de 2013 a revertir el proceso hasta el momento previo a la adjudicación. Desde entonces, el Ejecutivo ha hecho oídos sordos a todas las sentencias en su contra que ha recibido en este sentido. 16, según Agbar

Denegación de las medidas cautelares 

Pocas jornadas después, el Ejecutivo catalán, el grupo de los Entrecanales y la sociedad que creó para gestionar ATLL junto a un grupo de minoritarios solicitó la supresión de esta decisión como medida cautelar. Hecho que ha denegado tanto el TSJC (sentencia de julio de 2013) como el Tribunal Supremo (octubre de 2013). 

La Generalitat se resiste a cumplir con el mandato de la Oarcc. Mas ha puesto en marcha una nueva mesa de contratación, pero Agbar ya ha denunciado las maniobras supuestamente ilícitas que ha realizado junto a Acciona para prolongar la toma de decisiones. También ha alertado de las consecuencias legales que comporta los desacatos.

Ahora, serán los magistrados de Estrasburgo los que deberán valorar sus acciones.

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