Un acto de la ANC a favor del referéndum en Barcelona. EFE/Quique García

La Agencia de Protección de Datos investiga el censo para el 1-O

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La Agencia de Protección de Datos abre una investigación por el posible acceso ilícito a bases de datos estatales para elaborar el censo del 1-O

Barcelona, 18 de septiembre de 2017 (14:40 CET)

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha puesto el foco en los métodos utilizados para la creación del censo electoral para el referéndum del 1 de octubre. Un proceso en el que la Generalitat podría haber incurrido en un acceso ilícito a bases de datos estatales, ha informado la agencia en una nota de prensa. La apertura de actuaciones previas de investigación llega tras la denuncia de un ciudadano anónimo. Dentro de sus pesquisas, la Agencia ha solicitado información a diversas entidades, como el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Agencia Tributaria, por los posibles accesos a sus bases de datos por parte del gobierno catalán o algunos ayuntamientos de la región.

Según este organismo dependiente del Gobierno los hechos denunciados podrían ir en contra de la Ley Orgánica de Protección de Datos en relación con ficheros y tratamientos sometidos a la competencia de este organismo. La AEPD ha trasladado la denuncia a la Autoridad Catalana de Protección de Datos. En concreto, la AEPD ha reclamado información al INE, a la Agencia Tributaria, a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La elaboración del censo para todo tipo de elecciones que se celebran en España es una competencia de la Oficina del Censo Electoral, bajo la supervisión de la Junta Electoral Central. Esta oficina, que está encuadrada en el INE, actualiza el censo todos los meses con la información recibida de oficio por los ayuntamientos, oficinas consulares o encargados del Registro Civil, pero es una información que solo está disponible a nivel interno y no se facilita a ningún organismo.

Pero el proceso para elaborar el listado para unas elecciones concretas no se inicia hasta que la convocatoria de las mismas sale publicada en el Boletín Oficial del Estado, lo que no ha ocurrido con el referéndum catalán, suspendido por el Tribunal Constitucional.

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