David Bonvehí (izquierda), presidente del Pdecat, y Carles Puigdemont, en una reunión en enero en Waterloo. EFE/Stephanie Lecocq

Puigdemont ve una conspiración para la muerte "civil" del soberanismo

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El expresidente de la Generalitat no se corta a la hora de buscar culpables entre la justicia. "Esta es la España de la monarquía y del IBEX"

Economía Digital

David Bonvehí (izquierda), presidente del Pdecat, y Carles Puigdemont, en una reunión en enero en Waterloo. EFE/Stephanie Lecocq

Barcelona, 27 de julio de 2019 (12:57 CET)

El exiliado líder de Junts per Cataluña (JpC), Carles Puigdemont, planea los siguientes pasos que sus afines deben seguir cuando se conozca la sentencia del procés. Tras convocar a sus afines en una reunión en Waterloo, el líder del separatismo ha manifestado a través de las redes sociales que existe una conspiración para eliminar el soberanismo del mapa civil: "Pretenden la muerte civil de los líderes independentistas catalanes mientras protegen a los líderes nacionalistas españoles. Da igual quién esté en el poder, no lo conseguirán". 

El catalán ha emitido este mensaje como respuesta a la acusación del consejero de Interior, Miquel Buch, que ha insinuado que los jueces del Tribunal de Cuentas están influenciados cuando juzgan al independentismo. En concreto, ha acusado a los magistrados de aumentar deliberadamente las penas a los condenados por el 9-N -pese a que el TSJC ha archivado la causa conta él por la cesión de locales durante el 1-O-. Buch recrimina a través de un mensaje que el magistrado que ha ampliado la pena a Artur Mas por el 9-N es el mismo que revocó la condena al equipo de gobierno de Ana Botella por vender pisos protegidos bajo su mandato.  

El consejero acusa concretamente al magistrado José Manuel Suárez Robledano y a la exministra popular Margarita Mariscal de Gante, de conspirar para revocar la condena de Ana Botella por la venta de 18 promociones de viviendas protegidas a un fondo buitre. ​

En noviembre de 2018 el Tribunal de Cuentas condenó a Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega e Irene Rigau a pagar 5 millones de euros por los gastos que la Generalitat empleó en la consulta del 9-N. Los afectados recurrieron la sentencia y la Sala de Justicia del Tribunal informó ayer de su decisión de mantener las condenas e incrementar su pena por un conjunto de partidas de gastos que inicialmente no estaban previstas y que suman 41.831 euros más. La sanción económica que deberán asumir finalmente los condenados por el 9-N asciende a 4,9 millones de euros. 

Nueva estrategia

Las declaraciones de Buch y Puigdemont en las redes sociales llegan instantes después de que la consejera de Justicia, Ester Capella, haya hecho un llamamiento al Poder Judicial para que se abstenga de "hacer declaraciones".

De hecho, Capella ha considerado que los jueces deben hablar solo a través de las sentencias y procesos judiciales y ha subrayado que no deberían hacer comunicados de prensa, en alusión a la información sobre la apertura de la investigación por los ordenadores de los jueces que se envió a los medios.

Sobre este tema, ha insistido que el mensaje de la Generalitat que apareció en los ordenadores de los jueces no iba dirigido a personal judicial, sino a personas que tienen dependencia funcional de la Generalitat, y les avisaba de que la utilización de los ordenadores debe ser exclusivamente para cuestiones de trabajo.

Ha apostado por hacer una gestión de la situación después de la sentencia "de forma unitaria: las soluciones son múltiples y variadas", y ha puntualizado que la gestión de la sentencia no debe hacerla solo el Govern. 

 

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