Razones para superar la depresión del 21-D

¿De verdad están las cosas en Cataluña igual o peor que antes? Es un tópico repetido deprimentemente por algunos destacados analistas en los últimos días

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La sociedad de las redes es adicta al linchamiento. Si los juegos de gladiadores eran el alma para mantener al pueblo sumiso al emperador y las ejecuciones eran las mejores fiestas populares durante siglos, el linchamiento es el medio que compensa a los ciudadanos de sus frustraciones; requiere culpables para justificar los fracasos y redimir las responsabilidades colectivas. Es una ecuación matemática.

Se ha establecido que sea Mariano Rajoy el culpable máximo después del 21-D y acrecienta esta condición el fracaso del Partido Popular en Cataluña. El fiasco es real y la amenaza de Ciudadanos a la hegemonía conservadora del Partido Popular en toda España es una realidad que tendrá que afrontar Mariano Rajoy. También tenemos un Gobierno más débil para liderar.

Es curiosa la depresión instalada en los medios de comunicación no independentistas por los resultados de las elecciones catalanas. El espectacular triunfo de Ciudadanos ha encontrado contrapeso en que el secesionismo sigue sumando mayoría absoluta y que en consecuencia tenga la posibilidad de volver a gobernar. La respuesta primitiva y simple, propia de los tiempos líquidos que nos ha tocado vivir, ha establecido que en Cataluña todo sigue igual que antes de la aplicación del artículo 155.

Se ha establecido que sea Rajoy el culpable máximo después del 21-D, y más tras el fracaso del PP en Cataluña

Sencillamente no es cierto. Es un espejismo negativo promovido por la necesidad de linchamiento acorde con la exigencia de un culpable para lo cual hay que establecer un fracaso.

Intentemos establecer un análisis desde la racionalidad:

Primero

¿Podía Mariano Rajoy –necesitando además el apoyo del PSOE y Ciudadanos– hacer algo distinto que restablecer la institucionalidad constitucional con la aplicación del artículo 155?

No he encontrado una propuesta alternativa entre los detractores de lo sucedido. Los más sesudos intelectuales establecieron que era un camino peligroso, lleno de dificultades. Pero nadie propuso una vía alternativa, tal vez porque no la había.

La primera responsabilidad de un gobernante ante un ataque directo al Estado de Derecho es utilizar todos los mecanismos legales necesarios para neutralizar la intentona y restablecer la legalidad. Es sencillamente lo que hizo el presidente de Gobierno. Si su partido ha pagado un precio por ello, tal vez habría que agradecerle el sacrificio realizado. Pero, entonces, nos quedaríamos sin culpable y para esa condición Mariano Rajoy siempre es un candidato apetecible.

Si el PP ha pagado un precio por restituir la legalidad en Cataluña, tal vez habría que agradecerle el sacrificio

Pueden cuestionarse los detalles, si fue acertado un plazo tan corto para convocar elecciones, de hecho, el mínimo establecido por la ley. Y habrá que recordar que fue una de las exigencias de Pedro Sánchez.

También puede ponerse en cuestión la intensidad de la intervención, la forma de ocupar el vacío producido por el cese del Govern, la disolución del Parlament y la renuncia al control de los medios públicos en Cataluña. Se apostó por la mesura y la discreción y no parece que haya sido mala formula.

Sería oportunista que quienes aplaudieron estos extremos los critiquen ahora. Si se demostró que se podía aplicar el 155 sin provocar un tsunami habría que establecer que fue un éxito.

El 21-D dibuja una realidad compleja pero no peor que la que crearon los secesionistas con la declaración de independencia

También se ha cuestionado la presencia de candidatos en la cárcel y otros fugados para evitar la acción de la Justicia. Pero vincular esa circunstancia a responsabilidad política revocaría la existencia de independencia de poderes. Quienes meten las cuestiones judiciales en el juicio político sencillamente hacen trampa en el análisis

Mariano Rajoy hizo lo que las circunstancias le exigían en un universo tan complejo en el que todos debiéramos colegir que no existían soluciones mágicas ni instantáneas. Las elecciones siempre se consideraron un punto de partida para una estrategia política de largo recorrido y buscar una solución estable a la integración normalizada de Cataluña en España. Por lo tanto, los resultados del 21-D fueron, probablemente, los mejores posibles. Y, desde luego dibujan una realidad compleja pero no es un escenario peor que el que crearon los secesionistas con la declaración de independencia.

Segundo

El Partido Popular ha pagado el precio político acorde con la decisión personificada en Mariano Rajoy. Independientemente de los errores del pasado y del juicio que nos merezca la campaña electoral del PP, los resultados dejan al Gobierno y al Partido Popular en una situación de debilidad que puede tener consecuencias en la capacidad de acción del Gobierno en Cataluña y en el resto de España.

Descartados significativos traslados de voto entre los bloques, el reparto de los correspondientes a los partidos constitucionalistas ha perjudicado al PP y también, en otra medida, al PSC. Y el gran beneficiado ha sido Ciudadanos. Pero eran habas contadas en una campaña extraordinariamente polarizada.

Tercero

El independentismo se ha fraccionado y esa división también es muy compleja. Contra pronóstico, ha ganado Carles Puigdemont sobre ERC. Este éxito también tiene consecuencias, unas positivas para los secesionistas y otras no tanto.

Ha sido una victoria personal que ha fagocitado al PdeCat. La antigua Convergencia Democrática de Catalunya ha vuelto a transmutarse en un movimiento populista en donde la elección de los candidatos, la estrategia de campaña y todos los detalles se le han hurtado al partido y las ha asumido el “president legítimo”; una supuesta institución creada ad hoc por Puigdemont que genera muchas incertidumbres para la supervivencia del partido conservador hegemónico en Cataluña desde hace casi cuarenta años. Carles Puigdemont pretende ser el caudillo de Cataluña no sujeto al control de su propio partido. Habrá que ver cómo reaccionan los líderes del PdeCat desplazados. 

Carles Puigdemont pretende ser el caudillo de Cataluña no sujeto al control de su propio partido

ERC no sabe qué hacer con Puigdemont. Probablemente le ocurre lo mismo al partido del ex president. Estas circunstancias son al mismo tiempo una debilidad del independentismo y un peligro para la vuelta a la institucionalidad. Parece inevitable una competencia entre las dos fuerzas que puede promover la radicalidad como vehículo emocional para las adhesiones políticas.

ERC tiene el compromiso de investir a Puigdemont sujeto a la condición de que regrese y presumiblemente sea encarcelado. Si permanece en Bruselas, ERC intentará la investidura de Oriol Junqueras o apostará por la repetición de elecciones ¿Por cuál de los dos candidatos se inclinaría la CUP, que a pesar de haber salido debilitada sigue teniendo la llave de la investidura?

Los plazos establecidos para la constitución del Parlament y para la primera sesión de investidura son inamovibles. Más incógnitas, si los electos fugados no vienen, aun cuando pudieran acceder a su acta de diputados, no podrán votar ni en la constitución de la Mesa del Parlament ni en la sesión de investidura.

Cuarto

A pesar de las tentaciones, de la competencia entre Puigdemont y ERC y de la presión de la CUP por retomar la vía unilateral, se ha demostrado que el Estado es fuerte y tiene medios para reaccionar, que sigue habiendo un vacío internacional y que los costes económicos y sociales han sido reales.

A este puzle hay que añadir el camino independiente de la justicia que obedece a razones y calendario propio.

Estamos ante un punto de inicio de una nueva etapa. La urgencia de los problemas reales de la sociedad catalana va a exigir gestión política. El Parlament tiene un liderazgo claro de oposición. El PSC ha tenido que tomar nota de que la estrategia mediadora de Iceta no ha dado resultado.

Reformar la Constitución parece el único camino para crear una España que ofrezca cobijo a los que hoy la repudian

Con esos mimbres es urgente una agenda política constitucionalista para iniciar un proceso de reformas tendentes a satisfacer al menos a una parte de los que hoy no ven otra vía que la independencia. Reformar la Constitución parece el único camino para configurar una España que pueda ofrecer cobijo a muchos de los que hoy la repudian.

No es una situación cómoda ni fácil. Pero es mejor que antes del 21-D.

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