CiU propone a dos fiscales conservadores para dirigir la Oficina Antifraude de Catalunya

stop

Francisco Bañeres y Pedro Ariche son los juristas avalados por el partido en el Govern para cubrir la vacante de David Martínez Madero al frente de la institución de lucha contra la corrupción

Xavier Salvador

Teresa Compte, fiscal jefe, acompañada de los fiscales Sánchez Ullet (centro), Bañeres (izquierda) y Ariche (derecha)
Teresa Compte, fiscal jefe, acompañada de los fiscales Sánchez Ullet (centro), Bañeres (izquierda) y Ariche (derecha)

28 de febrero de 2011 (19:59 CET)

La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) sigue sin director tras el fallecimiento el pasado 21 de enero de su titular David Martínez Madero. El organismo dependiente del Parlament de Catalunya, en situación de virtual parálisis, sigue a la espera de que los partidos políticos alcancen un acuerdo sobre quién deberá dirigir el organismo de lucha contra la corrupción. CiU, la formación en el Govern de la Generalitat y mayoritaria en la cámara catalana, ha propuesto los nombres de dos fiscales conservadores en activo: Francisco Bañeres y Pedro Ariche. El PSC, la principal fuerza de la oposición, no ha visto con agrado la propuesta de sus adversarios políticos.

Bañeres y Ariche son fiscales especializados en delitos económicos, un perfil que pretende seguir al marcado por el tripartito con la fundación de la OAC y con las características profesionales de su primer director, especializado en la lucha contra la corrupción. La diferencia entre los candidatos convergentes y el malogrado Martínez Madero son fundamentalmente ideológicas. Mientras Ariche pertenece a la Asociación de Fiscales, organización conservadora que agrupa a los miembros del ministerio público, el fallecido director de la OAC mostró siempre durante su carrera profesional un innegable espíritu de transparencia en la función pública más próximo a las tesis progresistas.

Los nombres de Bañeres y Ariche han recibido, según ha podido saber Economía Digital, el visto bueno del fiscal jefe de Barcelona, Martín Rodríguez Sol, el número dos del ministerio público en Catalunya. Rodríguez Sol forma parte del mismo sanedrín conservador, con algunas conexiones con el Opus Dei, y habría negociado los nombres con el jurista, alto cargo de Unió y exdiputado de CiU en el Congreso Manel Silva a instancias de la presidenta del Parlament, Núria de Gispert.

Rechazo socialista


Pero la sustitución del alto cargo fallecido no será un camino fácil. El arco parlamentario catalán tiene diferentes percepciones sobre cuál debe ser el tono del relevo. De entrada, porque fuentes socialistas consultadas por este diario señalan que los responsables del grupo parlamentario han rechazado en primera instancia los nombres de los dos fiscales propuestos por CiU.

En la formación nacionalista, sin embargo, señalan que, “al final, es todo un tema de mayorías: si no sale elegido por tres quintas partes del Parlament, con mayoría simple es suficiente. Con el cambio de ley, al final, tendrán que aceptar nuestra propuesta o el pacto al que lleguemos con otras fuerzas políticas”. Por si el juego de mayorías fuera insuficiente, medios convergentes consultados ayer recuerdan que tanto el PP como ERC habrían mostrado disposición a negociar cómo se recompone la cúpula de la OAC.

Alternativas oficiosas

Otros medios profesionales señalan que dos jueces especializados en materia penal también han sido sondeados sobre su disposición a desempeñar el cargo. Se trata de Joaquín Bayo y de Andrés Salcedo. La principal diferencia de los magistrados con los fiscales es que los primeros pertenecen al grupo progresista de la judicatura y pueden acreditar cierta independiencia profesional.

Pero el judicial no es el único de los perfiles que se han barajado para nombrar al nuevo presidente de la OAC. Algunos medios apuestan por un profesional avezado en la gestión del sector público vinculado a una escuela de negocios como IESE o Esade. Antonio Argandoña, economista y profesor del IESE, es otro de los nombres que se han puesto sobre la mesa negociadora, aunque sin que haya concitado ningún tipo de consenso.

Parálisis efectiva


Mientras los partidos acaban de decidir quién ocupará la dirección de la OAC, la oficina parlamentaria encargada de luchar contra la corrupción y el fraude en las administraciones e instituciones públicas catalanas se encuentra en situación de virtual parálisis. De hecho, los empleados sólo cobran las nóminas que autoriza el Parlament, pero no perciben, por ejemplo, los adelantos de gastos que realizan en virtud de sus trabajos.

Aunque la OAC dispone de presupuesto propio. El desaparecido Martínez Madero era el único directivo apoderado para disponer de saldos y autorizar gastos e inversiones con cargo a esas cuentas. Su desaparición ha dejado paralizada la oficina en términos operativos y de dirección estratégica, ya que nadie en la institución dependiente del Parlament dispone de poderes para proseguir con las investigaciones en curso o ampliar otras.
Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad