Colau compite con Puigdemont para ir en contra del Constitucional

stop

La alcaldesa de Barcelona se adelanta a la reunión convocada por el Govern para este martes, en la que se discutirá cómo enfrentar el recurso del ejecutivo en funciones contra ley 'anti-desahucios'

Ada Colau, durante el encuentro con las entidades impulsoras de la ley 24/2015, entre ellas la PAH / EFE/Marta Pérez

Barcelona, 02 de mayo de 2016 (19:14 CET)

Ada Colau pretende llevar la voz cantante en el frente catalán contra las últimas decisiones del Gobierno en funciones. La alcaldesa de Barcelona ha utilizado este lunes duros calificativos ("inmoral, ilegítimo") para rechazar el recurso del ejecutivo español contra la norma 24/2015, también conocida como ley anti-desahucios. "Seguiremos actuando con todas las herramientas disponibles", ha advertido Colau, tras una reunión con varias organizaciones sociales, entre ellas la PAH.

Precisamente, el momento de este encuentro, convocado a última hora y apenas un día antes del que mantendrá Carles Puigdemont con ayuntamientos y entidades, ha sido el asunto más comentado en la rueda de prensa posterior. La alcaldesa ha negado que con ello intentase contraprogramar la reunión convocada para este martes por el jefe del Govern, de la que se espera que salga una estrategia conjunta, de todas las administraciones catalanas, contra la posible suspensión de la ley por parte del Tribunal Constitucional.

Falta de competencias

El pasado viernes, el Gobierno del Partido Popular anunció la impugnación de cinco de los artículos de la norma aprobada unánimemente por el Parlament catalán en julio pasado. Entre ellos figura la obligación de los grandes tenedores de viviendas, incluidas las entidades financieras, a ofrecer un alquiler social a las familias desahuciadas y en riesgo de exclusión social. También la opción de una mediación extrajudicial previa al lanzamiento hipotecario.

El recurso del ejecutivo de Mariano Rajoy, en el que se citaba un informe del Consejo de Estado, alega la falta de competencias por parte de las autonomías para legislar sobre esta materia. Hace escasas semanas, el Constitucional suspendió cautelarmente una ley similar promovida por el Gobierno vasco.

Desobedecer, sin decirlo

En este sentido, Colau ha instado a la Generalitat y al resto de instituciones implicadas, a seguir aplicando la ley en disputa. Aunque sin mencionar la palabra desobediencia. "Activaremos otros instrumentos legislativos que llenen los huecos que deja la suspensión de esta ley", ha asegurado la líder de Barcelona en Comú. Quien ha declarado "no renunciar" a esta norma.

Al mismo tiempo ha acusado al ejecutivo central de impugnar únicamente las partes de la ley que "afectan a las entidades financieras", como es la obligación a ceder grandes paquetes de viviendas para alquiler social. Una medida rechazada desde hace tiempo por los bancos, al entender que ellos se encargan ya de la gestión de estos pisos y la mediación previa con las familias afectadas.

Cesión de hasta 1.500 pisos

Aprovechando el conflicto abierto la semana pasada, el consistorio barcelonés ha querido poner sobre la mesa los números que, según el ayuntamiento, demuestran la utilidad de la ley 24/2015. Desde enero hasta mediados de abril, el periodo del que se han facilitado los datos, el gobierno municipal ha paralizado 639 desahucios en base a la mediación previa que contempla la norma. También se ha requerido la cesión de 1.500 pisos vacíos (en Barcelona y su área metropolitana existen 2.615, según datos de la Agencia Catalana d'Habitatge), de los cuales 550 se encuentran en proceso de traspaso.

Igualmente en este tiempo se han abierto 17 procesos sancionadores a grandes tenedores de viviendas por la no cesión de pisos que lleven más de dos años vacíos, tal y como contempla la norma. Colau no ha especificado los destinatarios de estas sanciones ni su naturaleza.
Suscribir a boletines

Al suscribirte confirmas nuestra política de privacidad