El abogado de Puigdemont y Torra, Gonzalo Boye (izquierda), acompaña al president a su salida del TSJC tras declarar como investigado por desobediencia, el 15 de mayo de 2019. Foto: EFE/TA
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Boye cree que el TS elevará a la justicia europea sus dudas sobre la imparcialidad del tribunal que juzga a Torra y que esta tardará un año en resolverlas

Economía Digital

El abogado de Puigdemont y Torra, Gonzalo Boye (izquierda), acompaña al president a su salida del TSJC tras declarar como investigado por desobediencia, el 15 de mayo de 2019. Foto: EFE/TA

Barcelona, 22 de noviembre de 2019 (13:41 CET)

El abogado de Quim Torra, Gonzalo Boye, tira de optimismo y pronostica que al president le queda más de año y medio en la Generalitat antes de ser inhabilitado. Las cuentas que hace el también letrado de Carles Puigdemont permitirían a Torra exprimir aún la mayor parte de lo que queda de legislatura, y pasan porque el Tribunal Supremo plantee a la justicia europea cinco cuestiones prejudiciales relativas a la imparcialidad de los magistrados que juzgan a Torra en la causa ahora vista para sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Boye confirma en un artículo en El Nacional la vocación dilatoria de la maniobra que ya ha intentado, hasta ahora sin éxito, de elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) su planteamiento de que Torra, procesado por desobediencia a la Junta Electoral Central (JEC) cuando ha visto vulnerado su derecho a un juez imparcial.

El abogado del president planteó que el TSJC elevara esas cuestiones prejudiciales al tribunal de Luxemburgo el lunes en su informe final, y el presidente de la sala, Jesús María Barrientos, rechazó la petición al considerar que tendría que haber sido planteada antes. Boye recurrió al TSJC, que este jueves desestimó el recurso. Su artículo está escrito antes de conocer esa resolución, porque todavía afirma que "antes del dictado de la sentencia, el TSJC tendrá que pronunciarse sobre las cuestiones prejuiciales".

Boye también afirma que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y asegura que este, a diferencia del TSJC, sí está obligado a plantear esas cuestiones prejudiciales al TJUE, como se establece en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que fue el que motivó, recuerda el letrado, que el Supremo elevara a Luxemburgo la cuestión prejudicial referida al alcance de la inmunidad de Oriol Junqueras en tanto que eurodiputado electo.

Las sumas de Boye

Boye se pone entonces a hacer sumas. En primer lugar, asegura que el recurso de casación al Supremo "por regla general tarda en sustanciarse algo así como un año", pero que "en el caso del president Torra no habría de tardar más de 4 a 6 meses… por las prisas por inhabilitar", aunque lo cierto es que el tiempo medio que el Supremo tarda en resolver ese tipo de recursos fue en 2018, último año del que hay datos oficiales, de 6 meses y medio.

En todo caso, a esos "de 4 a 6 meses" le añade Boye más de un año, que es  lo que según él tarda en resolverse en el TJUE "un trámite prejudicial de estas características". Así que el letrado concluye que "en el peor de los  casos, y si se mantuviese una sentencia condenatoria, la misma no sería firme ni ejecutable, al menos, en algo más de un año y medio".

Claro que una sentencia firme no es en el caso que nos ocupa lo mismo que una sentencia ejecutable. Como ya explicó Economía Digital, la ley electoral establece que en casos de delitos contra la administración pública, que es el paquete en el que está enmarcada la desobediencia que se le imputa a Torra, una condena en primera instancia ya comporta que el sentenciado sea "inelegible", es decir, no pueda concurrir a unas elecciones. Y la misma LOREG establece también que esa inelegibilidad equivale a una "incompatibilidad" con el ejercicio de cargos públicos. Pero ese, el de una inhabilitación sin esperar al Supremo, es un escenario que Boye ni se plantea.

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