El balance de Colau en desahucios: sólo el 16% conserva su casa

El último balance anual de la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), el organismo puesto en marcha por el Ayuntamiento de Barcelona para atender a situaciones de emergencia residencial y combatir los desahucios, es como esas botellas que se pueden ver medio vacías o medio llenas. Porque por un lado, la cifra de procesos de desahucio resueltos satisfactoriamente por la UCER en 2017 ha aumentado un 77% respecto del año anterior, y, por el otro, eso solo significa que se dió solución a un 41,4% de las familias atendidas. Además, solo en un 16% de casos la familia amenazada de desahucio logró quedarse en su casa.

 El UCER, creado en 2014, atendió ese año a 679 familias. En 2015, fueron 1.020; en 2016, 1.574 y el año pasado, 2.351, integradas por 7.760 personas, según el balance presentado este martes por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el concejal y el gerente de Vivienda, Josep Maria Montaner y Javier Burón. Es decir, la atención del ayuntamiento ha credido en un 245% de 2014 a 2017, pese a la cifra de procesos judiciales abiertos por desahucio han caido un 14% en el mismo periodo, según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Y la cantidad de desahucios ejecutados se ha reducido en un 22,35%.

Soluciones variadas

Durante el 2017, a la cifra de atenciones del consistorio hay que sumarle otros 917 casos que se habían empezado a abordar el año anterior. Es decir, se gestionaron un total de 3.268 procedimientos, de los cuales se cerraron 1.362 expedientes, lo que supone el 41,4% del total. Eso sí, solo en 218 casos, un 16% de los casos resueltos (o el 6,7% del total), la mediación se saldó negociando acuerdos con la propiedad que permitieron que la familia afectada se mantuviera en su domicilio. Según Montaner, la inmensa mayoría de los acuerdos fueron con particulares, y solo el 3% se suscribieron con grandes tenedores.

Para el resto, las soluciones fueron otras. Así, en un 19% de los casos, los afectados accedieron a una nueva vivienda social, sea la mesa de emergencias o de los contingentes especiales de pisos para personas vulnerables del registro municipal de solicitantes de viviendas de protección oficial o de la bolsa de mediación del consistorio. Y a otro 7% de familias se le han buscado soluciones temporales a la espera de que lleguen las definitivas, como el alojamiento en viviendas de inclusión, equipamientos municipales, pensiones o habitaciones.

El 58% restante de los casos se han resuelto combinando las ayudas sociales del Ayuntamiento con recursos residenciales no municipales, de pisos alquilados en el mercado libre a viviendas de familiares o amigos.

El 51% de las familias en riesgo de perder su vivienda en 2017 estaban de alquiler

El promedio de integrantes de las familias atendidas es de 3,3 personas, y en la mayoría de casos, alguno de los miembros es menor. El 72% tiene ningresos inferiores a 855 euros mensuales, y el 57% no llega a los 570.

El 51% de las familias en riesgo de perder su vivienda en 2017 estaban de alquiler, mientras que otro 36% corresponde a personas que habían ocupado la vivienda de forma irregular. Solo un 7% de los atendidos eran propietarios que no podían pagar la hipoteca.

El 95% de las viviendas de los inquilinos en riesgo correspondía a pequeños propietarios, mientras que el 65% de las ocupadas pertenecían a entidades financieras.