El Constitucional ya puede inhabilitar a Mas de manera unilateral e inmediata

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La reforma impulsada por el Partido Popular prepara el terreno para una posible suspensión de los cargos públicos catalanes ante el incumplimiento de las sentencias del TC

Artur Mas en una imagen de la semana pasada.

en Barcelona, 17 de octubre de 2015 (11:14 CET)

Desde este sábado está en vigor la reforma del Tribunal Constitucional que autoriza al alto tribunal a suspender a los cargos públicos que incumplan sus sentencias. Según publica el Boletín Oficial del Estado, el órgano constitucional podrá imponer multas económicas o directamente inhabilitar, transcurrido un tiempo fijado por el propio TC, a los altos funcionarios que no obedezcan sentencias de "especial trascendencia constitucional". Esta ley, propuesta por el PP pocas semanas antes del 27S, y aprobada esta misma semana, supone una nueva amenaza para el futuro político de Artur Mas, acusado en reiteradas ocasiones de no cumplir las leyes al promover la consulta del 9N.

La nueva ley, rechazada por la oposición en bloque durante su tramitación en el Congreso y el Senado, establece que "la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos" durará "el tiempo preciso para asegurar" el cumplimiento de las sentencias del máximo órgano constitucional. Una norma que se convierte en una herramienta más para frenar, desde la justicia, los planes independentistas de Mas y el resto de políticos implicados en el proceso soberanista.

Rechazo del PSOE

Los propios dirigentes del Partido Popular han admitido que esta reforma ha sido creada pensando en el conflicto que las instituciones españoles libran desde hace meses con el Govern catalán. De ahí la urgencia en su tramitación, que ha permitido que no se pronunciasen sobre ella el Poder Judicial, el Consejo de Estado, ni el Consejo Fiscal.

Por su parte, el PSOE ya ha avanzado que en los próximos días llevará la reforma al Tribunal Constitucional, al entender que contradice los preceptos constitucionales. Se dará así la paradoja que el alto tribunal tendrá que dilucidar sobre una ley en la que él es el protagonista y principal parte implicada. 

Causas abiertas 

La puesta en marcha de esta ley llega sólo dos días después de que Artur Mas declarase ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TDJC), que admitió a trámite la querella impuesta por la Fiscalía del Estado. En las próximas semanas, el máximo órgano judicial catalán se pronunciará sobre los cuatro delitos que se le imputan a Mas (prevaricación, obstrucción a la justicia, malversación y desobediencia) por la celebración del 9N, en una causa también abierta contra la consejera de Ensenyament, Irene Rigau, y la ex vicepresidenta del Govern, Joana Ortega. 

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