El coste de las «embajadas» de la Generalitat, al descubierto

Sólo el alquiler de las oficinas en Bruselas cuesta 775.000 euros al año. La previsión para nuevos arrendamientos es de 170.000 euros

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El coste real de las «embajadas» de la Generalitat en el extranjero ha sido durante años un misterio sin resolver. Las controvertidas delegaciones que el Govern mantiene en distintas ciudades del mundo, y que el Gobierno español ha tildado en ocasiones de máquinas de propaganda en función de la internacionalización del procés, suponen un coste para el erario público del que nunca se ha informado con total transparencia a los ciudadanos.

Pero, por primera vez, el proyecto de presupuestos de la Generalitat que el president Quim Torra se ha comprometido a aprobar antes de convocar elecciones recoge algunas de las partidas destinadas al funcionamiento de las «embajadas» catalanas, más allá del gasto general que se ha contemplado de forma superficial en las cuentas del pasado. Solo en concepto de alquiler de inmuebles para las delegaciones, la Generalitat se dejará este año casi dos millones de euros.

La «embajada» más amplia que la Generalitat tiene es la de Bruselas, dedicada la Unión Europea. El alquiler de la oficina supone un coste de 775.947,37 euros para los ciudadanos catalanes, dada su superficie de más de 2.000 metros cuadrados. Como dato curioso, el proyecto de las cuentas que Carles Puigdemont aprobó en 2017 cifraba en más de un millón de euros el importe por arrendamiento de esta delegación; más de 200.000 euros más que Torra.

También se recoge en el proyecto presupuestario de 2020 el coste del alquiler de las delegaciones en Croacia (31.184,76 euros), Portugal (47.253,22), Suecia (69.009,77), Suiza (91.349,93), Austria (33.326,12) e Italia (67.956,93). El salto hasta los casi dos millones de euros que cuestan todos estos arrendamientos lo causan los alquileres compartidos con ACCIÓ, además de la previsión para nuevas «embajadas» (170.750 euros).

ACCIÓ es la Agencia para la Competitividad de la Empresa de Cataluña, una agencia pública que impulsa los negocios catalanes a través de la internacionalización de su tejido empresarial. Y el Departamento de Acción Exterior –del que dependen las delegaciones en ocasiones comparte oficina en otros países con la Agencia, lo que supone para la Generalitat una factura total de 452.745,89 euros.

Se desconoce si estas partidas están incluidas en el presupuesto total para las delegaciones que recoge el proyecto presupuestario, de 6.516.829,38 euros (33.000 menos que en las cuentas aprobadas por Puigdemont en 2017). De no ser así, el coste de mantener las «embajadas» catalanas superaría los 8 millones de euros. El proyecto no precisa el coste de otras «embajadas» en países como Alemania, Reino Unido o el Líbano.

Delegaciones cuestionadas

La Generalitat tiene un total de 16 delegaciones en el exterior, contando tres de factura reciente (Argentina, México y Túnez) que fueron objeto de denuncias por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores cuando el titular era Josep Borrell, ahora encargado de la diplomacia europea. Ante el desafío independentista de Puigdemont y a la luz del artículo 155, el Gobierno de Mariano Rajoy las cerró todas (excepto la de Bruselas), pero Torra las puso en marcha tras su llegada al Govern.

Las reaperturas y los anuncios de nuevas «embajadas» desencadenaron una serie de batallas legales entre Exteriores y la Generalitat, argumentando el departamento de Borrell que el objetivo de las mismas era «apoyar fines manifiestamente contrarios a los principios y objetivos de la política exterior de España». También dijo que eran «herramientas necesarias” para que el Govern profundice en su anhelo de “separación de España».

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