El Gobierno censura los informes que cuestionan el cementerio nuclear de Cuenca

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Los documentos remitidos a Transparencia Internacional están llenos de tachaduras y páginas borradas en su totalidad. Economía Digital aporta las pruebas

Sondeos de caracterización del terreno del ATC, en Villar de Cañas (Cuenca)

Madrid, 15 de abril de 2016 (01:00 CET)

A regañadientes, y tras varias moratorias, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha remitido a Transparencia Internacional España (TI-E) los informes técnicos que ponen en duda la idoneidad de los terrenos elegidos por el Gobierno para emplazar, en la localidad conquense de Villar de Cañas, el Almacén Temporal Centralizado (ATC).

El polémico cementerio nuclear que el Ejecutivo de Mariano Rajoy autorizó, en diciembre de 2011, en el primer Consejo de Ministros de la pasada legislatura.

Y lo ha hecho, de manera sesgada, con un sinfín de palabras tachadas o, directamente, con páginas borradas. "Lo principal es que se ha conseguido que se publiquen estos informes porque tienen un interés social", ha comentado el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de TI-E, Jesús Lizcano, lamentando, eso sí, "que estuvieran tachados, cercenando la información".

Reticencia inicial a ofrecer información

La remisión de esta documentación tuvo que ser forzada por la ONG de manera indirecta tras no recibir respuesta a la petición realizada a finales del pasado de octubre. Ante la negativa, Transparencia Internacional ha logrado recibir los informes tras cursar solicitud al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, organismo público independiente adscrito, a efectos organizativos, al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Además de los tres informes solicitados que, a juicio de Lizcano, mostraban una "opinión desfavorable" al emplazamiento, Seguridad Nuclear también ha incluido otros cuatro documentos para, según la ONG, "complementar o contrarrestar en alguna medida las opiniones desfavorables recogidas en informes solicitados".

Dos de los informes que plantean grandes incógnitas fueron realizados por los propios geólogos del Consejo de Seguridad Nuclear, integrantes del Departamento de Ciencias de la Tierra (CITI). Y estuvieron en el foco de la polémica de la decisión que, a finales de julio de 2015, tomó el Pleno del CSN de informar favorablemente sobre la idoneidad de los terrenos.

Informe elaborado por el Departamento de Ciencias de la Tierra (CITI) del Consejo de Seguridad Nuclear

Los técnicos del CITI expresaron sus dudas e incertidumbres, sobre todo en la inestabilidad del suelo, pero no fueron tenidas en cuenta. A pesar de remitir una nota dirigida al director técnico del CSN, Antonio Manuera, este no la incluyó en el informe de evaluación ni en la Propuesta de Dictamen Técnico, al considerar que no tenía trascendencia técnica.

Razonaba Manuera la omisión en base a que las consideraciones de los geólogos estaban fuera de sus competencias, y que lo único que pretendían era "poner en evidencia la necesidad de utilizar recursos desproporcionados para cumplir los límites y condiciones que contiene la Propuesta de Dictamen Técnico".

Evaluación de idoneidad del cementerio nuclear, realizado por técnicos del CITI

Por ello, los consejeros del órgano regulador, que dieron el visto bueno a la autorización de emplazamiento, desconocían las dudas manifestadas por los técnicos. Solo la socialista Cristina Narbona, que había tenido acceso a la nota por un medio, votó en contra.

El tercero de los informes solicitados por Ti-E es el que, fechado también en julio de 2015, elaboró la filial española de la consultora United Research Services (URS) a petición del Consejo de Seguridad Nuclear.

Un documento de 150 páginas en el que se advierte de que la información aportada por la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) plantea incertidumbres en aspectos geoquímicos, sísmicos o geotécnicos del emplazamiento del cementerio nuclear.

Informe de la consultora United Research Services España (URS)

La consultora también advierte de que la empresa pública no ha integrado datos petrológicos y mineralógicos, aspecto clave para localizar depósitos con posibles y previsibles problemas constructivos. Los técnicos de URS consideran, asimismo, que la información que presenta la empresa estatal no resuelve aspectos tomográficos relevantes, de cara a determinar si hay fracturas en el subsuelo.

La consultora estadounidense también discrepa sobre la percepción sismológica de Enresa, cuando determina la no existencia de fallas profundas en el entorno del emplazamiento. Precisamente, advierte URS en su informe, de que estas fallas, sin expresión superficial, son la principal fuente de peligrosidad sísmica.
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