El juez llama a Felip Puig el 2 de mayo

Los denunciados,  Carles Flamerich y Xavier Panadero, antiguo director y un empleado del organismo, ven como el magistrado debe rectificar el sobreseimiento de la causa a instancias de la Audiencia Provincial. El ex consejero aclarara si autorizó, o no, la intercepción del email personal por parte del servicio de inteligencia catalán. En su primera declaración, Puig aseguró «gestionar la cuenta de manera personal», pero matizó estar sometido «a los criterios de seguridad general». En esta segunda intervención deberá despejar las dudas. 

Cómo ya explicó Economía Digital en su momento, un informe de los Mossos d’Esquadra apuntaba que se permitía el desvío de su correspondencia a terceros. Algo que entra en contradicción con la aseveración del conseller de que no libró ninguna autorización para tal intermediación.

Espadaler también tuvo que comparecer

En esta misma causa también se ha visto salpicado Ramon Espadaler, sucesor de Puig en la cartera de Interior. El actual secretario general de Unió, pero, fue más claro. Explicó que «no autorizó de forma específica» ningún protocolo que implicara la lectura de los mensajes y que no existe una tercera persona autorizada a hacerlo.

El político desmentía así a Flamerich y Panadero. Ambos defendían su autorización para acceder a los correos electrónicos de los responsables políticos.

La Audiencia frente al magistrado

Las dos nuevas testificaciones llegan después de que el denunciante, -un antiguo trabajador del organismo-, apelara por seguna vez el sobreseimiento de la causa dictaminado por el juez. El pasado diciembre, la Audiencia Provincial estimó el recurso y añadió: «En este momento procesal debe dar lugar, si así se solicita, la apertura de juicio oral».

Tras más de dos años abierto, el proceso se acerca a su momento decisivo. Fue en 2013 cuando el ex empleado denunció a Flamerich y Panadero por interceptar sus correos sin permiso.

Cómo detalló Economía Digital, el método es sencillo -y aplicable a los 200.000 funcionarios catalanes-: los servidores de la Generalitat de Catalunya disponen de un filtro para desviar los mensajes a los buzones deseados ya sea según el remitente, el destinatario o el asunto. Las bandejas pueden ser tanto de algún particular como creadas para la ocasión.

Delito 197

De resultar finalmente culpables, los agentes podrían enfrentarse a penas de «entre tres y cinco años de cárcel» al incurrir en el delito 197 del Código Penal. Tendrían, además, el agravante de ser «las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros».