El plan de Santi Vila para evitar ser imputado por el caso Sijena

El consejero de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, se ha manifestado repetidamente en contra de la devolución a Aragón de las pinturas románicas del monasterio de Sijena que se conservan en el Museo de Lleida y en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Cataluña (MNAC). Un juzgado de Huesca ordenó en julio pasado su entrega.  

Para esquivar la sentencia judicial y evitar las posibles consecuencias de esta decisión, Santi Vila ha convocado una reunión para la próxima semana de la Junta de Museos de Cataluña, entidad asesora de la Generalitat, para que se pronuncie explícitamente contra la descatalogación de estas obras. Fuentes parlamentarias indican que, con este dictamen de la Junta de Museos, el consejero de Cultura intentará «protegerse» ante una posible acusación por incumplimiento de la sentencia.  

El próximo 14 de septiembre, la Junta de Museos de Cataluña deberá decidir si descataloga las obras en litigio del inventario de bienes artísticos de la Generalitat. Si se descatalogasen, su entrega sería inmediata. No obstante, nadie espera que se adopte esta decisión.  

Un escudo legal para el consejero  

Fuentes parlamentarias indican que la reunión de la Junta de Museos de la próxima semana tiene como único objetivo pronunciarse en contra de la descatalogación de las obras. De esta forma, Santi Vila podrá escudarse en la decisión adoptada por la máxima institución museística catalana.  

La Junta de  Museos está presidida por Jusèp Boya, director general de Archivos, Bibliotecas, Museos y Patrimonio de la Generalitat. Santi Vila lo nombró en enero pasado para este cargo.  

La entidad que preside Jusèp Boya ya informó negativamente en julio pasado sobre un posible traslado de estos bienes culturales. Un día después, el parlamento catalán aprobó una resolución por la que se instaba a la Generalitat a emprender las acciones necesarias para que las obras permanezcan en los museos catalanes. Todos los grupos votaron a favor con la salvedad de Ciudadanos, que se abstuvo. El PP argumentó que el acuerdo no instaba a la desobediencia judicial.