El rebote de Junqueras contra Castells y Mas-Colell

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El conseller de Economia se ve contrariado porque la Agencia Tributaria es un desorden, las inspecciones se cierran sin resultados, y la sede de Rambla Catalunya se ha vendido a precio de saldo, entre otras irregularidades

Oriol Junqueras, a cargo del área de Economía de Cataluña.

Barcelona, 05 de marzo de 2016 (01:00 CET)

Además de político, el vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras, es un gestor ordenado. Levanta y levanta alfombras de entropía administrativa de las etapas de Antoni Castells y Andreu Mas-Colell, doce años de silencios y medias verdades que han desertizado la Consejería, hasta convertirla en una diputación de capital de comarca, según aseguran diversas fuentes. 

No es que no haya dinero para la paga de verano de los funcionarios, es que el FLA está mal gestionado. La gran apuesta del Departamento, la Agencia Tributaria Catalana es un pozo de ineficiencias, amiguismo y negocios fáciles (como el Programa Gaudí implementado por Indra).

Pero también de silencios delictivos como el archivo de un millón de expedientes abiertos a posibles defraudadores de cuantías menores, entre 2006 y 2008, solo porque a la Generalitat no le interesaba el alto coste político que soportaría la inspección tributaria a cambio de una baja recaudación. Es lo que explican ahora. 

El legado de Castells

La teoría de la corresponsabilidad fiscal focalizada por Antoni Castells, catedrático de Hacienda Pública, a lo largo de muchos años de investigación se pierde en el desorden cada vez que los inspectores de la Agencia estatal traspasados a la Generalitat se ponen manos a la obra.

Castells, fiel al aparato del PSC hasta la ruptura del alma nacionalista, es el gran referente del moderno debate sobre el déficit fiscal catalán. De su doctrina, además de los socialistas, han bebido los convergentes Josep Maria Cullell, el primer delfín de Pujol, José Manuel Basáñez, Artur Mas, Macià Alavedra o Francesc Homs, todos ellos dilectos seguidores del profesor socialista en el núcleo maragalliano de los mejores (Mascarell, Joan Trullent, Andreu Morillas o Martí Carnicer, entre otros).

Nadie quiere pagar

La Conselleria d'Economia, a la que Mas-Colell añadió la coletilla de Coneixement imprimiéndole un brillante e inaplicable peso académico, ha sido durante tres décadas el centro de la lucha en pro de la corresponsabilidad fiscal. Solo que, en el momento de aplicarla, la comodidad ha podido más que la doctrina. Hacer pagar impuestos no gusta.

Y mucho menos hacerlos pagar con recargo como se ha visto en el hundimiento de Tributs de Catalunya, el primer destructor de la flota tributaria catalana, avanzadilla frustrada de la desobediencia fiscal, convertida en barquito de papel a precio de oro. Tributs no recaudaba; solo recogía los impresos de los registradores de la propiedad que cobraban Transmisiones Patrimoniales y Actos Documentados a cambio de un módico alquiler de 35 millones anuales, tal como ha popularizado Josep Cuní en su impecable magazín de las tardes.

La sede se vende a precio de mercadillo

Hoy se sabe que los consejeros de Economía de CDC y del PSC, desde el inicio rutilante de Ramón Trias Fargas, han retozado a sus anchas en la sede de Rambla de Catalunya, si se atienden los reproches de Junqueras. El singular inmueble fue vendido a los Agnelli de Fiat por Renta Corporación en un pase estelar a precio de baratillo. Mas-Culell se ha fundido el patrimonio –la sede de Bolsa Barcelona, por ejemplo- una reserva a precios históricos rentabilizada gracias al censo enfitéutico, la eficaz figura jurídica de la antigua Compilación Civil.

El Departamento ha tenido tan malos políticos como buenos funcionarios. ¿Quién no recuerda al secretario omnipresente Rafael Ortuño? Cuando Alavedra desde Economía y Joan Hortalà desde la Bolsa quisieron poner en marcha la enfiteusis, se acordaron de José María Coronas, el jurista de los años dorados, tan eficaz como taimado.

Los veteranos de la casa explican el desgaste a través de figuras transversales como el ex Interventor General de la Generalitat Josep Maria Portabella. Sobre sus auditorías regían la verdad y la mentira. El caso más flagrante empezó a gestarse en la etapa de Artur Mas, cuando Javier Monzón, expresidente de Indra adquirió Europraxis, la filial catalana de la consultora con mercado cautivo en Catalunya.

La inutilidad del Programa Gaudí

A la Generalitat, la aplicación del llamado Programa Gaudí, obra de Indra, le ha podido suponer unos 150 millones de euros tirados al barrizal de los desafectos y la corrupción. Todavía hoy, a primeros de marzo de 2016, el Programa Gaudí sigue sin funcionar, y los inspectores  -astifinos de media jornada, cafés con ambrosía y gimnasio de tarde- desconocen sus claves cuando están a punto de ser transferidos a su nueva sede de Zona Franca. Allí, en despachos acristalados frente a los mausoleos del Cementerio de Montjuic, la Agencia levantará las actas de los defraudadores por donaciones y herencias de los yacentes en beneficio de los vivos.

Si funciona al fin el dichoso programa informático, el oficio de inspector se mantendrá sobre el fiel de la escala superior del funcionariado español, compartiendo entorchados y sueldos con los letrados del Estado, los notarios menguantes o los fiscales latentes. "A nadie le gusta pagar donaciones, y si no que se lo pregunten a Emilio Cuatrecasas o a su socio o a la jurista expresidenta del Parlament, Núria de Gispert", recuerda un miembro de la ONI (Oficina Nacional de Inspección). 

Inspecciones fallidas

España va mal, pero la Catalunya española va peor. El caso más clamoroso de miedo escénico en la Dirección General de Tributos de la Generalitat y en la Agencia Catalana corresponde a los ejercicios fiscales de 2006-2008, cuando "se perdieron un millón de inspecciones que ya estaban en marcha", recuerdan en el Departamento. Aquellas inspecciones archivadas hubiesen supuesto una confirmación clara del deseo de ejercer la competencia de la que presumen falsamente nacionalistas, soberanistas y socialistas.

En la Agencia Tributaria, la opinión es unánime: "a la Generalitat nunca le ha interesado la inspección tributaria, como lo demuestra el hecho de que, desde 1984, se han convocado dos o tres veces oposiciones y no llegan a una decena los inspectores que se han incorporado a la Dirección General de Tributos de la Generalitat".

Todos saben que en España hay oposiciones cada cuatro años, a las que se presentan miles de aspirantes con los temarios conocidos. Las últimas confesiones del nuevo secretario general de Hacienda, Lluís Salvadó, son reveladoras: "estamos levantando la liebre porque la verdad es que aquí no ha habido ninguna vocación política de reforzar la Agencia Tributaria Catalana".

Las partidas del personal valioso

Antes de confirmar su caída, la casa ha ido perdiendo plumas. La última, el cese de Joan Iglesias, constructor de la Agencia Catalana y autor del libro Una Hisenda catalana (Angle Ed), prologado por Artur Mas. Iglesias ha sido invitado a salir por Junqueras y ahora el inspector estrella ocupa un despacho cutre en la oficina técnica de la Agencia Estatal (en Plaza Letamendi).

Las funciones de armazón tributario vacío de contenidos tienen más que ver con la arquitectura figurativa que con la funcional: "tenemos una Agencia, pero no la utilizamos".

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