El TC declara inconstitucionales las partidas para el referéndum

El Tribunal Constitucional admite el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley de presupuestos de Cataluña

El Constitucional anula el impuesto de plusvalía municipal. EFE

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El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido declarar inconstitucionales las partidas de los presupuestos catalanes destinadas al referéndum soberanista, convocado para el 1 de octubre. El pleno ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Gobierno el pasado 4 de abril contra la Ley de presupuestos de Cataluña. De este modo, queda anulada la disposición adicional 40 de dicha ley, así como las partidas presupuestarias si se destinan a financiar el referéndum.

En concreto, se trata de tres partidas de cinco millones de euros, 800.000 euros y 407.450 euros. Todas ellas están destinadas a «procesos electorales y consultas populares».Cabe apuntar que ya habían quedado en suspenso tras la admisión a trámite del recurso el pasado mes de abril.

La disposición adicional anulada establece que la competencia es estatal. «El Gobierno, dentro de las disponibilidades presupuestarias para 2017, debe habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña», reza el texto.

Y añade que también es el Gobierno el que “dentro de las posibilidades presupuestarias, debe garantizar la dotación económica suficiente para hacer frente a las necesidades y los requerimientos que se deriven de la convocatoria del referéndum sobre el futuro político de Cataluña».

Las partidas no son explícitas, pero la interpretación de la ley evidencia su ilegalidad

El Tribunal explica que la ley impugnada no contiene partidas presupuestarias que se destinen de forma específica a la financiación del proceso, ya que la «denominación de las partidas presupuestarias impugnadas es, por el contrario, genérica e inconcreta».

Sin embargo, de la interpretación sistemática de la ley concluye que “el parlamento catalán ha tenido que incluir dotaciones de crédito en dichas partidas presupuestarias destinadas a la financiación del referéndum sobre el futuro político de Cataluña».

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