La fiscalía pide que se investigue a Mas por el gasto público del 9N. En la imagen, Artur Mas junto a Irene Rigau y Joana Ortega. EFE/ED/archivo

El Tribunal de Cuentas condena a Mas a pagar 4,9 millones

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El Tribunal de Cuentas condena al expresidente de la Generalitat por el 9-N

Economía Digital

La fiscalía pide que se investigue a Mas por el gasto público del 9N. En la imagen, Artur Mas junto a Irene Rigau y Joana Ortega. EFE/ED/archivo

Barcelona, 12 de noviembre de 2018 (13:14 CET)

El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, a la ex vicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau a pagar una fianza solidaria de un total de 4,9 millones de euros por la consulta ilegal del 9-N celebrada en 2014. El fallo es recurrible ante la Sala de Enjuiciamiento del propio Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas ordenó el pasado diciembre el embargo de la vivienda de Mas y de otros bienes de los demás implicados para hacer frente a parte de la fianza impuesta por este procedimiento de responsabilidad contable.

El tribunal estima las demandas interpuestas por Sociedad Civil Catalana y por la entidad Abogados catalanes por la Constitución. A Mas se le considera responsable de la totalidad del daño "causado" —la sentencia considera probado que la Generalitat realizó todos los gastos de los que se le acusa —, si bien Ortega debe responder por 0,8 millones.

Este último importe corresponde al soporte informático que fue necesario para organizar la consulta. El expresidente de la Generalitat siempre negó que desde el Govern se acordaran gastos irregulares como los 7.000 ordenadores que se instalaron en cada colegio.

Pero Mas aseguró que el objetivo de esa compra no fue la consulta, sino la instalación de los dispositivos en los centros educativos. “El objeto de la compra no era para la consulta sino para mejorar el sistema educativo catalán”, contestó a preguntas del abogado de la asociación Sociedad Civil Catalana

Otro de los condenados es Francesc Homs, exdiputado en el Congreso. A él se le atribuye responsabilidad por un total de 1,9 millones de euros que incluyen la campaña de publicidad institucional de la consulta y el envío de correo postal a la ciudadanía.

La fiscalía barajó inicialmente la posibilidad de acusar a los investigados también por un delito de malversación de fondos públicos. Pero en ese proceso penal, que fue previo al que ahora resuelve el Tribunal de Cuentas, los exconsejeros lograron así evitar una pena que habría provocado que ingresaran en prisión. 

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