Una cuidadora atiende a un pensionista en una residencia de Madrid.

España destina a residencias una cuarta parte de dinero que la UE

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Las residencias de ancianos encaran la desescalada sin los test serológicos y PCR que habían suplicado para sus trabajadores y usuarios

Barcelona, 09 de junio de 2020 (12:30 CET)

“Hemos sido invisibles para todos los Ministerios”. Diego Juez, presidente de la patronal de residencias de ancianos castellanoleonesas Acalerte y secretario de la española CEAPs, lamenta que el Gobierno haya echo oídos sordos a las propuestas del sector desde mucho antes de la pandemia de coronavirus pese a que España sea uno de los países europeos que menos invierte en las residencias, cerca de una cuarta parte que la media de la UE.

Las residencias de ancianos se sintieron abandonadas durante la pandemia, sin el personal suficiente, sin equipos de protección individual (EPI) y, en demasiados casos, sin posibilidad de llevar a los usuarios enfermos a un hospital. Murieron en las propias residencias. Sin embargo, este abandono empezó mucho antes de la aparición del covid-19.

Diego Juez subraya que el Estado nunca ha cumplido con lo que establece la ley de dependencia por lo que respecta a la financiación. Gobierno y comunidades autónomas deberían cubrir las ayudas a partes iguales. Recuerda que la Unión Europea dedica de media un 2% del PIB a ese sector mientras que en España tan solo alcanza el 0,56%, por lo que el esfuerzo en la Unión es casi cuatro veces superior.

“El caos de la dependencia”

En marzo del pasado año, la patronal CEAPs presentó un informe titulado “El caos de la dependencia” en el que propusieron medidas para unificar criterios y derechos. Tampoco consiguieron que el Gobierno les hiciera caso. Juez señala que comunidades como el País Vasco, Navarra y Madrid tienen unos precios y una financiación que nada tiene que ver con Castilla-León pese a que son limítrofes. El informe advierte que las diferencias en la aplicación de la ley de dependencia, en vez de acortarse, se agrandan en función de la comunidad.

En estos momentos, formulan tres propuestas al Gobierno de Pedro Sánchez: la primera, una mejor financiación, que permitiría aumentar los salarios a los profesionales y, de paso, reconocerles el esfuerzo realizado durante la pandemia. La segunda, la definición de un modelo propio, basado en el servicio hotelero (a cargo del usuario), asistencial (financiado por los servicios sociales) y sanitario (desarrollado por el sistema público de salud). Y tercero, la coordinación sociosanitaria, que debe garantizar que la atención primaria y el hospital correspondiente se encargue de la salud de los mayores.

“Nosotros nos encargamos de cuidar, no de curar, eso deben hacerlo los hospitales”, reitera Juez. En este sentido, las residencias se han sentido olvidadas por las administraciones públicas durante la pandemia.

Incumplimientos

Respecto a los incumplimientos del Gobierno, pone como ejemplo la unificación del IVA, que ya fue prometida por el anterior ejecutivo de Mariano Rajoy. En la actualidad, es el único sector que aplica dos IVA distintos a sus usuarios, del 4% y el 10%, en función de las ayudas públicas que reciban. En la última etapa del ministro Cristóbal Montoro consiguieron que cuando las prestaciones públicas superen el 10% del importe mensual que pagan los internos se aplique un IVA del 4% cuando hasta entonces el umbral se situaba por encima del 70%.

“Es difícil explicarlo a las familias cuando se hacen los contratos. A dos internos, vecinos de habitación, con el mismo grado de dependencia, se les puede aplicar un IVA distinto”, señala. En las residencias públicas, a la inmensa mayoría se les aplica el 4%, pero en las privadas, aproximadamente a la mitad se le aplica el tipo reducido y a la otra, el máximo.

“Ha fallado el derecho a la sanidad universal”

La presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, recordó la semana pasada en la comisión de reconstrucción social y económica del Congreso de los Diputados que las residencias son “hogares” y no “hospitales”. En este sentido, lanzó una gravísima acusación: "Ha fallado el derecho a la sanidad universal" porque las autoridades competentes impidieron que trasladaran los enfermos al hospital. Muchos murieron en las residencias, sin siquiera hacerles un test para comprobar si padecían covid-19.

"Ha sido un infierno porque alguien decidió que no había camas de hospital para todo el mundo”. Pascual aclara que esta situación no ha ocurrió en toda España, solo donde se produjo un colapso sanitario. La patronal denuncia que el cribaje de pacientes dejo fuera del hospital a los más ancianos, los de peor pronóstico.

En los últimos tres meses se han producido 20.000 muertes en las residencias. El personal que las atiende sufrió numerosas causas por contagios y cuarentenas. Los centros tuvieron numerosas dificultades para cubrir las bajas del personal. Algunos trabajadores incluso se pasaron a los centros sanitarios.

Ante esta situación, CEAPs pidió al Gobierno poder contratar personal especializado en otros países, especialmente en Latino América. Sin embargo, antes llegaron temporeros del campo y esquiladores de ovejas que cuidadores de residencias.

Diego Juez advierte que todavía no hay personal suficiente. Solicitaron al gobierno que incentive la formación de trabajadores especializados. Y lo más grave, todavía no les han facilitado test serológicos y pruebas PCR para el personal y los usuarios. Son fundamentales para encarar la escalada.


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