España esquiva las sanciones por la gestión de los fondos comunitarios

El Tribunal General de la Unión Europea (UE) ha decidido este martes que España no debe ser sancionada por la Comisión por la gestión que varias administraciones hicieron de fondos comunitarios en ocho proyectos distintos. Las penalizaciones alcanzaban los 11,4 millones de euros que se cobraron en concepto de ayudas.

El tribunal las tumba por una cuestión burocrática. En dos fallos distintos, afirma que existen errores en el proceso de sanción que impiden su aplicación final. Concluye que la Comisión no respetó los plazos legales previstos, por lo que no tiene base jurídica para recortar las subvenciones.

Adjudicaciones sin publicidad

Bruselas insiste en que los proyectos afectados no cumplían con la normativa europea y nacional en materia de contratación pública. También se saltaban las leyes sobre «admisibilidad de gastos en el marco de acciones cofinanzadas por el fondo de cohesión».

La Comisión indica que algunas adjudicaciones se hacían sin publicidad, cuando el derecho de la Unión impide los procedimientos negociados sin concurrencia pública. También se intentaron colar gastos en concepto de IVA a cargo del fondo de cohesión, cuando se trata de un concepto que la propia administración podía recuperar y, por tanto, no está subvencionado.

Programas afectados

La primera sentencia avala que el programa de gestión de residuos en Extremadura se quede los 209.049 euros que el Ejecutivo comunitario recortó. También ratifica los 218.882 euros de la cuenca hidrográfica del Duero para su proyecto de saneamiento y abastecimiento; los 7,7 millones en la gestión de residuos de la Comunidad Valencia y el millón que redujo del plan de saneamiento y depuración del Bierzo Bajo (León).

El segundo fallo afecta a otros cuatro proyectos: la segunda fase del programa de gestión de residuos de Extremadura, del que se eliminaron 623.135 euros; los emisarios en la cuenca media, Getafe y la cuenca baja del Arroyo Culebro, que perdieron un millón de euros; la reutilización de aguas depuradas para el riego en zonas verdes de Santa Cruz de Tenerife (546.192 euros) y la asistencia técnica para estudiar y redactar un proyecto que servía para ampliar el abastecimiento de agua a la mancomunidad del río Algodor (30.199 euros).