La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager. ED

Europa investiga las subvenciones de España a las centrales de carbón

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La Comisión Europea pone el foco en los 440 millones de euros que recibieron 14 centrales españolas desde 2007

Barcelona, 27 de noviembre de 2017 (19:28 CET)

La Comisión Europea (CE) abrió este lunes una investigación sobre parte de las ayudas que el Gobierno concedió a las centrales de carbón. Bruselas sospecha que estas subvenciones de 440 millones repartidas a 14 plantas por la instalación de nuevos filtros de dióxido de azufre pueden ser ilegales porque no incentivaban ningún tipo de mejora medioambiental

Los filtros debían reducir las emisiones de la sustancia de las plantas por debajo de determinados límites, según sostiene el Ejecutivo comunitario. A cambio, las centrales tenían derecho a recibir ayudas públicas en función de su tamaño durante un período de diez años (8.750 euros por megavatio al año).

Ahora, la CE abronca a España por no notificar ese régimen de ayudas a Bruselas cuando eran precisamente estas autoridades las que debían decidir si las ayudas cumplían o no con la normativa de competencia.

La CE cree que las ayudas no incentivaron prácticas medioambientales

La comisaria europea de competencia, Margrethe Vestager cree que el régimen español "no incentivó a las centrales de carbón para que redujeran las perjudiciales emisiones de óxido de azufre, ya que ya estaban obligadas a ello en virtud del Derecho de la UE en materia de medio ambiente".

"Tememos que el apoyo dado a esas centrales de carbón les confirió una ventaja competitiva desleal. Ahora examinaremos esta cuestión con más detalle", subrayó Vestager.

Energía responde: la CE conocía el esquema "desde hace años"

Al respecto, el Ministerio de Energía salió al paso horas después y explicó que las ayudas a las centrales de carbón se financian con cargo al sistema eléctrico y no a los presupuestos del Estado. Además, subrayó que cuando se crearon respetaban la regulación comunitaria.

El sistema "era respetuoso con las regulaciones de la UE y con las prácticas habituales en el momento en el que se introdujo", afirma el ministerio en un comunicado. Y añadió: "desde hace años" la CE conocía el esquema y "nunca ha dicho nada hasta ahora". 

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