La fiscalía pide que se investigue a Mas por el gasto público del 9N

Más frentes abiertos contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs. La fiscalía pide a través de un informe al Tribunal de Cuentas que investigue a los máximos responsables políticos de la Generalitat durante la consulta del 9N, para determinar cómo se gastaron los más de 5 millones de euros de dinero público empleados en las votaciones.  

Según ha informado este viernes la Fiscalía General del Estado, el ministerio público ha recibido un escrito de diversas entidades que solicitan la incoación de esta investigación. Una petición que apoya el fiscal para averiguar si existe responsabilidad contable (independiente de la penal) y si procede la restitución de esos fondos públicos. Mas, Ortega, Rigau y Homs ya han sido condenados por un delito de desobediencia con motivo del 9N, al desatender las órdenes del Tribunal Constitucional.

Al margen de ese proceso, las entidades Sociedad Civil Catalana, Associació Civica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución impulsaron una acción ante el uso de fondos públicos (5.129.833 euros) para una consulta ciudadana «carente de cualquier cobertura constitucional y presupuestaria».

9N: las entidades denunciantes acusan a los ex altos cargos de haber hecho uso de fondos públicos para una consutal «carente de cualquier cobertura constitucional y presupuestaria»

Por su parte, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, considera que los hechos pueden ser constitutivos de responsabilidad contable por tratarse de gastos destinados «a un fin radicalmente ajeno a la función pública, por tanto carentes de justificación». Es decir, «numerosos pagos» con cargo al erario público cuyo fin era desarrollar un acto contrario al ordenamiento jurídico.

Pago de la web y otros materiales

De acuerdo con el escrito de las entidades denunciantes, los pagos injustificados habrían sido 14.837,60 euros para la página web, 70.532,08 euros para la fabricación y transporte del material usado en la votación y 2.800.735,13 para la compra de ordenadores. También contempla 828.171,42 euros para la campaña de publicidad institucional, 1.409,26 euros para pólizas aseguradoras para los voluntarios, 1.106.185,88 euros para labores de apoyo informático a la consulta y 307.962,71 euros para el envío de información.