El abogado Gonzalo Boye (i) atiende a los medios la semana pasada después de acompañar a Carles Puigdemont (d) a un juzgado de Bruselas. El juez Pablo Llarena cursó de nuevo una orden internacional de detención. /EFE/ Javier Albisu

El abogado de Puigdemont teme acabar en prisión

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Gonzalo Boye declara este miércoles ante el juez como investigado por un supuesto caso de blanqueo relacionado con el narco Sito Miñanco

Josep Maria Casas

Economía Digital

El abogado Gonzalo Boye (i) atiende a los medios la semana pasada después de acompañar a Carles Puigdemont (d) a un juzgado de Bruselas. El juez Pablo Llarena cursó de nuevo una orden internacional de detención. /EFE/ Javier Albisu

Barcelona, 23 de octubre de 2019 (04:55 CET)

El coordinador de la defensa de Carles Puigdemont, el abogado Gonzalo Boye, declarará este miércoles como investigado ante la magistrada María Tardón, titular del juzgado número tres de la Audiencia Nacional.

A Boye no se le investiga por su relación con Puigdemont, sino por un presunto blanqueo de capitales vinculado al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, más conocido por el alias Sito Miñanco.

Horas antes de dar explicaciones ante la justicia, Boye admitió que contempla la posibilidad de acabar en prisión y aseguró que significaría tanto como ganar el juicio de Puigdemont. "Meterme en prisión sería un error. Lo pienso fríamente: si no hay garantías para el abogado de Puigdemont, ¿qué garantías tendría él si lo entregan a España? Es decir, no se podría entregar una persona a un país que encarcela a su abogado. Nos haría ganar el juicio de Puigdemont", afirmó Boye a Vilaweb.

En todo caso, la jueza instructora que ordenó los registros en el domicilio y el despacho de Boye pidió a los agentes que copiaran sus correos electrónicos y volcaran el contenido de su teléfono móvil. Pero Boye insiste en negar cualquier relación con un supuesto blanqueo de capitales.

Después de que preste declaración, la magistrada decidirá este miércoles si adopta medidas cautelares contra Boye como la prisión preventiva. Tanto Carles Puigdemont como Quim Torra, el actual presidente de la Generalitat, salieron en defensa de su abogado. Atribuyeron la actuación judicial al hecho que es el abogado de los políticos catalanes huidos a Bélgica.

Curiosamente, no es la primera vez que la magistrada Tardón se encuentra con una acusación contra Boye. El colectivo de juristas Movimiento 24Dos presentó una querella el año pasado contra él por presunta prevaricación procesal.

El motivo era el escrito de acusación que la defensa de Puigdemont cursó ante la justicia belga para desautorizar al magistrado Pablo Llarena, que solicitó su extradición. Este escrito se fundamentaba en una traducción al francés errónea o falseada de unas declaraciones de Llarena sobre el independentismo catalán.

Tardón inadmitió la querella. Sin embargo, Movimiento 24Dos recurrió ante el Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado.

Los responsables de 24Dos

Este colectivo de juristas, de orientación conservadora, está presidido por Nicolás González-Cuéllar, catedrático de derecho procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha, que fue el encargado de argumentar la querella y el posterior recurso. González-Cuéllar es coautor junto a Manuel Marchena, que presidió el juicio del procés, del libro “La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal” (Castillo de Luna Ediciones Jurídicas, 2015).

Los vicepresidentes de Movimiento 24Dos (el nombre corresponde al artículo de la Constitución dedicado a la tutela judicial) son Ignacio Gordillo, histórico exfiscal de la Audiencia Nacional, y Adolfo Prego, exmagistrado de la sala penal del Tribunal Supremo –donde coincidió con Marchena– y exvocal del Consejo General del Poder Judicial.

En declaraciones a Economía Digital, Prego confirmó que el Supremo aún no se ha pronunciado sobre la querella contra Boye. Indica que jamás ha coincidido con este abogado. Y sale en defensa de la sentencia del procés -”técnicamente muy buena”- y de las actuaciones de Llarena en Bélgica para conseguir la extracción de Puigdemont. Señala que el problema es la colaboración judicial entre los países de la UE.

Condena a 14 años de cárcel

Boye tiene antecedentes penales. La Audiencia Nacional le condenó en 1996 a 14 años de cárcel por colaborar con la organización terrorista ETA en el secuestro del industrial Emiliano Revilla. Cumplió seis años de los 14 que le impusieron, que aprovechó para sacarse la carrera de derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Este miércoles declarará de nuevo en la Audiencia Nacional, como investigado, por un supuesto asunto de blanqueo de capitales relacionado con Sito Miñanco, de quien fue su abogado. Un acusado que trabajó para este 'narco' gallego explicó que Boye preparó documentación falsa para recuperar 900.000 euros que le habían incautado en el aeropuerto de Barajas cuando se dirigía a Colombia.

Como profesional de la abogacía, ha compaginado la defensa de acusados de delitos comunes con causas políticas y sociales que le reportaron publicidad: el 11-M, bombardeos israelíes en Palestina, el papel de George Bush en Guantánamo, el caso Edward Snowden, el de Rodrigo Lanza (acusado de agredir gravemente a un guardia urbano de Barcelona) o el caso Bárcenas.

En el procedimiento contra Luis Bárcenas, extesorero del PP, Boye actuó en representación del Observatori Desc, para el que trabajó Ada Colau antes de llegar a la alcaldía de Barcelona en 2015.

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