El fin de la mayoría de investidura tumba 25 leyes económicas y 30.000 millones de inversión
Planes anunciados a bombo y platillo, como el de Acción por la Democracia o de Lucha contra la Corrupción, pasan también por el concurso de Junts
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el líder de Junts, Carles Puigdemont. ECONOMÍA DIGITAL
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La ruptura de Carles Puigdemont con el Gobierno de Pedro Sánchez tiene derivadas importantes, más allá la imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026, la meta volante más cercana. De facto, deja toda la producción legislativa del Ejecutivo en barbecho, sin mayorías que permitan las grandes reformas. Y eso tiene una consecuencia monetaria: cerca de 30.000 millones de fondos europeos en peligro si no se cumplen los cambios normativos apalabrados.
La agenda económica que el Gobierno previó para esta legislatura, a pesar de la complicada mayoría sobre la que estaba sustentada, era bastante ambiciosa. Cambios en la jornada laboral, en el acceso a la Función Pública, en el sistema tributario o incluso en la regulación energética, con el rescate de la Comisión Nacional de la Energía, un ente que ya existió antes de integrarse en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Sin embargo, la producción legislativa ha sido más bien raquítica. El Ejecutivo ha logrado aprobar en el Congreso de los Diputados 25 Reales Decretos-Ley, 15 leyes y 9 Leyes Orgánicas. Casi medio centenar de normas que han supuesto sangre, sudor y lágrimas para el Ejecutivo.
El golpe encima de la mesa de Junts supone un mazazo a la viabilidad de la legislatura, pero consolida una realidad visible en los últimos dos años: no existe una mayoría progresista en el Congreso. Por eso en el PSOE se respira cierta ‘tranquilidad’, porque cada negociación con los siete diputados del partido de Puigdemont ya suponía un ‘via crucis’ particular y no está claro en qué se va a traducir esta ruptura de puentes.
Por ejemplo, los neoconvergentes ya dejaron caer la reducción de la jornada laboral, uno de los proyectos estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz, con el pacto en vigor y sin temor a darle una sonora bofetada al Gobierno.
Ahora bien, la voladura controlada de Puigdemont pone en peligro el ‘parche’ con el que Pedro Sánchez quería permanecer gobernando sin Presupuestos: los fondos europeos del Plan de Recuperación. El plan termina el 31 de agosto del próximo año y al Gobierno le quedan 27.130 millones de las transferencias a fondo perdido por reclamar a Bruselas.
Para desbloquear este ‘maná europeo’ el Gobierno se comprometió a una serie de hitos y objetivos. Si bien el grueso legislativo se adoptó en la legislatura pasada, quedan todavía leyes importantes por aprobarse para conseguir esa financiación. Por ejemplo, la Ley de Industria, que lleva en el Congreso desde finales del año pasado pero sigue en fase de enmiendas en Comisión. También hace falta que el Congreso valide la Ley del Cine, la de Diversidad Familiar, la de ‘lobbies’ o la de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
Hay una norma que está muy avanzada, la de servicios de atención a la clientela, precisamente tras acordar con Junts la obligación para las grandes empresas de atender en catalán.
En el Plan acordado con Bruselas también hay dos leyes del Ministerio de Sanidad que ya están en el Congreso, pero en fase de enmiendas, como son la del Sistema Nacional de Salud y la de Medicamentos.
De la agenda catalana, y en el Ministerio de Hacienda, hay dos proyectos clave que son compromisos de investidura de Sánchez. Son la condonación de la deuda autonómica y la reforma del sistema de financiación de las regiones, dos normas en las que la vicepresidenta María Jesús Montero ha echado el resto, a pesar de su doble papel como secretaria general del PSOE en Andalucía y candidata a la Junta. En el caso de la quita, los neoconvergentes se habían mostrado favorables. Pero, de nuevo, todo está en el aire.
Dos proyectos estrella de Sánchez, presentados el año pasado y antes del verano de este ejercicio, también corren peligro. Son el Plan de Acción por la Democracia, que incluye la creación de un registro de medios de comunicación, entre otras reformas legales; y el Plan de Lucha contra la Corrupción, al calor del caso Ábalos-Cerdán. Ambos incluyen varias modificaciones normativas. Este último, la creación de un listado negro de empresas corruptoras y un endurecimiento del régimen de sanciones.
Tampoco tiene visos de prosperar el paquete fiscal en materia de vivienda que registró el PSOE en solitario antes del verano, que aún no ha pasado los primeros filtros del Congreso y ni siquiera tiene el apoyo de sus socios de Gobierno. En este texto, los Ministerios de Vivienda y Hacienda incluyeron un aumento de la fiscalidad a los pisos turísticos y a la compra de vivienda para extranjeros extracomunitarios, así como otros cambios en el régimen de socimis o el IRPF.
La mayor damnificada por el roto con Junts es la vicepresidenta Yolanda Díaz, con una ambiciosa agenda en materia laboral que no saldrá adelante. Más allá de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, el Ministerio de Trabajo tiene pendiente llevar al Consejo de Ministros el Estatuto del Becario. La norma fue pactada solo con los sindicatos en junio de 2023, pero más de dos años después aún no se ha visto ni en primera vuelta en la reunión del gabinete.
Otras, como la ley de democracia en la empresa, la de representatividad empresarial en las pymes o la trasposición de la directiva del SMI también están en su carpeta. Justo ahora ha abierto una mesa de negociación son sindicatos y patronal para reformar el despido, algo que espanta a los neoconvergentes.
La polémica con las subidas de las cuotas que pagan los autónomos a la Seguridad Social también va a perseguir al Gobierno. El sistema actual está vigente hasta este año y tiene que actualizarse en los próximos ejercicios para cumplir el objetivo de que los trabajadores por cuenta propia paguen por sus ingresos reales en 2032. Si bien el Ministerio de Seguridad Social ha reculado, el alza aún no es del agrado ni de los autónomos ni de Junts.
Ni la regularización extraordinaria de medio millón de personas que el año pasado avanzó en el Congreso, pero que desde entonces no ha tenido cambios. En Sumar presionan para que se apruebe por Real Decreto-Ley, aunque no está garantizado que Junts, que ahora marca perfil en materia migratoria, vaya a sumarse a este carro. Esta medida podría ser fundamental para paliar una de las quejas de las empresas, la falta de mano de obra. Pero la sombra xenófoba de Alliança Catalana es alargada.
