Montero prepara "sanciones proporcionales" a empresas en el Plan Anticorrupción de Sánchez

El Ministerio de Hacienda ya ha comenzado los preparativos para impulsar todos los cambios legales a los que se comprometió en julio el presidente Pedro Sánchez para luchar contra la corrupción en respuesta al ‘caso Cerdán‘, que salpicó a quien fuera su ‘número tres’ en el PSOE en una presunta trama de pago de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.

El primer Consejo de Ministros del curso político designó a la vicepresidenta María Jesús Montero como la encargada de liderar una Comisión Interministerial para coordinar los trabajos del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción. Y la titular de Hacienda ha comenzado los preparativos del anteproyecto de ley con la consulta pública para recabar aportaciones antes de redactar la norma.

Entre otras cuestiones, el Ministerio apunta que el Anteproyecto de Ley Orgánica de Implementación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción tendrá una variable fundamental en la empresa, como ya avanzó el presidente del Gobierno en sede parlamentaria. Pero también se endurecerán las sanciones a las compañías partícipes en prácticas corruptoras.

Así, uno de los «problemas que se pretenden solucionar» con esta ley es, por un lado, reforzar los sistemas de compliance de las compañías y, por otro, abordar «la falta de sanciones proporcionales para empresas corruptoras, lo que limita la disuasión y el control efectivo».

Según el Plan de Moncloa, para las empresas «corruptoras» el Gobierno plantea reformar el Código Penal para fijar las multas en base a la facturación anual de la compañía o incluso a horquillas más amplias en función del tamaño de la empresa involucrada. Además, las incluirán en una «lista negra» única para todo el territorio nacional donde se pueda incluir a las empresas cuya exclusión de los contratos públicos deba ser automática. No solo se verían limitadas de las relaciones económicas con la Administración en el caso de ser «penalmente responsable de delitos de cohecho, tráfico de influencias o malversación», sino que también se les impediría el acceso a ayudas públicas o beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

«Una nueva Ley general y omnicomprensiva en esta materia permitirá crear la arquitectura normativa sólida y eficaz para consolidar los avances y corregir las debilidades estructurales mediante una hoja de ruta clara, ambiciosa y alineada con los estándares internacionales que aplique prácticas sistemáticas de gestión de riesgos y aplicación de sanciones eficaces en las entidades públicas y privadas», defiende el Ejecutivo para justificar la norma.

Esta ley creará una Agencia de Integridad Pública como organismo encargado de reforzar la coordinación y la eficacia «ante los riesgos sistémicos» que genera la corrupción. También se busca avanzar en la transparencia en la contratación pública, las subvenciones y la financiación de partidos políticos, así como potenciar la capacidad de recuperación de los activos obtenidos de manera ilícita, dotando de más de recursos a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA).

El Gobierno da de plazo hasta el 25 de septiembre para que las organizaciones potencialmente afectadas por esta regulación puedan mandar sus aportaciones para la redacción del anteproyecto, que luego tendrá que pasar en doble vuelta por el Consejo de Ministros antes de llegar al Congreso. Puede que, para entonces, la cartera de Hacienda no la ostente María Jesús Montero.