En el aire el régimen de sanciones por el registro horario en las empresas

• Los costes laborales se disparan un 30% con Sánchez y la jornada de Yolanda Díaz puede subirlos otro 7%
• Junts confirma a Trabajo su rechazo a la rebaja de la jornada y mantiene la enmienda a la totalidad

El Gobierno ha decidido seguir adelante con la tramitación del proyecto de ley para reducir la jornada laboral, aún a costa de estrellarse. El juego de la gallina esta vez no es una carrera hacia un acantilado, sino hacia una votación en el Congreso de los Diputados en la que podría decaer el proyecto estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz, su principal valedora, que también ha abrazado el resto de la coalición, con el presidente Pedro Sánchez al frente.

Tras el ‘no’ anunciado de los siete diputados de Junts per Catalunya, el Ejecutivo se ha mostrado decidido a seguir adelante con la reducción de la jornada legal de 40 horas semanales a 37,5 horas, aunque no salga adelante en el debate de totalidad. «Si mañana esa votación no sale adelante, para nosotros en absoluto es un punto y final, es un punto y seguido», dijo la portavoz Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

Este miércoles se debaten y votan las tres enmiendas a la totalidad que presentaron PP, Vox y Junts. Es el primer trámite parlamentario de la reducción de jornada y, de recibir la mayoría del Congreso, supondría devolver el proyecto de ley a la mesa del Consejo de Ministros. El Gobierno ha decidido ir al choque y, desde hace semanas, la vicepresidenta Díaz ha advertido de que impondrá el registro de jornada -la clave para el cumplimiento de la reducción del tiempo de trabajo- a través de un Real Decreto, un reglamento que no tiene que recibir el aval de las Cortes para su entrada en vigor.

Más allá de reforma del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, donde se fija la semana laboral en un máximo de 37,5 horas, el Gobierno creó un artículo 34 bis para blindar por ley el registro de jornada. El proyecto también incluía un endurecimiento de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), elevando las cuantías a pagar y también ampliando las multas, que se abonarían en función de los trabajadores y no estaría limitada a una por compañía.

«En el caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de registro de jornada, se considerará la comisión de una infracción por cada persona trabajadora afectada en los supuestos de ausencia de registro o el falseamiento de los datos registrados», apunta la reforma propuesta, que incluye como un episodio «grave» estos supuestos.

También serán infracciones graves o muy graves «los incumplimientos en materia de organización y ordenación del tiempo de trabajo que generen riesgo grave para la seguridad y salud de las personas trabajadoras por afectar al disfrute de los periodos mínimos de descanso diario y semanal, vacaciones anuales, duración máxima de la jornada de trabajo, pausas durante la jornada así como a la regulación del trabajo nocturno, trabajo a turnos y ritmo de trabajo», salvo que proceda su calificación como infracción muy grave, de acuerdo con el artículo siguiente».

Así, abre la puerta a que las «multas» con las que sean penadas las empresas sean «en su grado mínimo, de 1.000 a 2.000 euros; en su grado medio, de 2.001 a 5.000 euros y, en su grado máximo, de 5.001 a 10.000 euros«. Todo esto en función de los trabajadores afectados, frente al tope actual de una sola sanción por compañía, lo que limitaba los efectos económicos y reducía notablemente su efecto disuasorio.

Sin embargo, la fórmula del Real Decreto impediría, eso sí, reformar la LISOS.

Los sindicatos urgieron este lunes al Ministerio de Trabajo a que, en el caso de que la ley se estrelle en el Congreso -como todo indica que ocurrirá en la sesión de este miércoles-, aprobar de nuevo el proyecto de ley y aplicar el nuevo registro horario.

Fuentes sindicales creen que esto puede hacerse mediante un reglamento, permitiendo la interoperabilidad por parte de la Inspección de Trabajo o el carácter digital del mismo, eliminando los registros en papel. Ahora bien, la parte disuasoria quedaría en el aire y sin cristalizar en norma con rango de ley.

Esta reforma de la LISOS fue criticada duramente por las patronales CEOE y Cepyme, que señalaron durante el trámite de audiencia pública que este precepto entraba «en colisión con la libertad de organización» y también con la Ley de Protección de Datos.

Con los actuales plazos parlamentarios, de decaer la norma este miércoles, lo más probable es que la jornada no entre en vigor en 2025 y, si acaso, se vaya a entrado 2026. El Consejo de Ministros aprobó, en primera vuelta, la norma en febrero y no vio la luz verde definitiva hasta tres meses meses después. Con unos Presupuestos en ciernes y la quita de deuda a la vista, no hay espacio para reducir el tiempo de trabajo.