El plan de Sánchez para castigar a las empresas que pagan mordidas: registro único y multas en base a su facturación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió el miércoles del Congreso, tras una maratoniana sesión con dos Plenos extraordinarios y casi diez horas de debate parlamentario, con satisfacción por haber superado -de momento- el momento más duro de su mandato. La comparecencia del jefe del Ejecutivo ante las Cortes Generales para dar cuenta del ‘caso Cerdán’, el caso de corrupción que ha salpicado a la cúpula del PSOE, se saldó con el anuncio de un Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción y el apoyo cerrado de los principales socios del Ejecutivo.

Solo Junts avisó, con su retórica habitual, de que el mandato del presidente se encontraba en «prórroga» y Podemos, que quiere sacar el máximo rédito a sus cuatro diputados en la lucha intestina con Sumar, reforzó su papel de oposición al Ejecutivo.

El resto de socios, y con matices, apoyaron a Sánchez en su peor momento. Yolanda Díaz avaló la honestidad del presidente y, a pesar de que su padre había muerto la noche de antes, elaboró un encendido discurso que puso de pie a toda la bancada de la izquierda (incluido el PSOE). También Gabriel Rufián salió al ataque contra PP y Vox, ambos muy duros en sus discursos, pero lanzó un aviso: si el ‘caso Cerdán’ escala, su apoyo estaba perdido.

La principal propuesta del secretario general del PSOE -que convirtió en crisis nacional la presunta corrupción de los dos últimos responsables de Organización de su partido, Santos Cerdán y José Luis Ábalos- fue un Plan de 15 medidas, entre las que se encuentran la creación de una Agencia ad hoc de lucha contra la corrupción, cursos de formación para empleados y cargos públicos, auditorías para partidos y fundaciones que reciben dinero del Estado y un control férreo sobre las empresas que contratan con la Administración.

Presionado por sus socios de Sumar, Sánchez anunció un paquete de medidas que involucra directamente a las empresas. «No basta con perseguir a quienes, desde lo público, vulneran la legalidad. También hay que actuar contra las empresas y actores privados que diseñan, participan y fomentan estas prácticas», argumenta el programa, de una treintena de páginas, que La Moncloa ha elaborado en colaboración con la OCDE. «La corrupción distorsiona los mercados, socava la competencia leal y perjudica a las empresas que actúan conforme a la ley, afectando a la eficiencia y el buen funcionamiento del sistema económico», se justifican desde el Ejecutivo.

En concreto, para aquellas «corruptoras», como las define Moncloa, el Gobierno plantea endurecer las penas y sanciones por participar en estas prácticas. Por un lado, reformando el Código Penal para fijar esas multas en base a la facturación anual de la compañía o incluso a horquillas más amplias en función del tamaño de la empresa involucrada.

Por otro, mediante la inclusión en una «lista negra» única para todo el territorio nacional donde se pueda incluir a las empresas cuya exclusión de los contratos públicos deba ser automática. No solo se verían limitadas de las relaciones económicas con la Administración en el caso de ser «penalmente responsable de delitos de cohecho, tráfico de influencias o malversación», sino que también se les impediría el acceso a ayudas públicas o beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

El Gobierno también plantea una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para hacer obligatoria la evaluación de los criterios de adjudicación por parte de un comité de expertos o un organismo técnico especializado, algo que ahora mismo no se aplica en todos los supuestos.

La letra pequeña añade una nueva exigencia para las empresas que contraten con la Administración: un sistema de compliance anticorrupción para grandes empresas o para aquellas que efectivamente firmen con el Estado. «Esta previsión también podría incluir la obligatoriedad de someterse a auditorías periódicas externas de integridad, especialmente en la gestión de contratos de alto riesgo, importe elevado, o consecución periódica de contratos adjudicados a una misma empresa», detalla el documento.

La medida más llamativa tiene que ver con la propiedad empresarial. Al hilo de ese documento privado en el que Santos Cerdán habría accedido a parte de la compañía Servinabar, en el centro de la trama de mordidas que se vincula al PSOE, el Gobierno propone que la titularidad de las participaciones sociales sea incorporada al Registro Mercantil «para mejorar la transparencia de las sociedades de responsabilidad limitada».

Así, sería obligatorio inscribir todas las transmisiones de participaciones en este Registro y obligaría a las empresas a depositar todos los años su libro de socios. Esto, creen en La Moncloa, «impedirá que personas que ostenten cargos públicos puedan ocultar titularidades de estas sociedades y evitar de esa manera las prohibiciones de contratación».