Sede central del CAT112 en Reus (Tarragona) desde donde se coordina el teléfono de emergencias de la Generalitat. El gobierno de Quim Torra suprimirá la comisión ejecutiva de este servicio. /GENCAT.CAT

La Generalitat anula un comité de control del servicio de emergencias

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El gobierno de Quim Torra rebajará la supervisión del servicio de emergencias 112 al suprimir su comisión ejecutiva

Josep Maria Casas

Economía Digital

Sede central del CAT112 en Reus (Tarragona) desde donde se coordina el teléfono de emergencias de la Generalitat. El gobierno de Quim Torra suprimirá la comisión ejecutiva de este servicio. /GENCAT.CAT

Barcelona, 17 de febrero de 2020 (04:55 CET)

La Generalitat suprimirá la comisión ejecutiva del centro de atención de llamadas de emergencias, conocido por CAT112, que se encarga de supervisar la gestión de este servicio.

El CAT112 se ha visto envuelto en el pasado en diversas polémicas relacionadas con la adjudicación de contratos. La Sindicatura de Cuentas incluso detectó irregularidades que consideró perseguibles por la vía judicial y administrativa cuando fiscalizó los ejercicios de 2014 y 2015.

Fuentes internas del servicio advierten que la supresión de la comisión ejecutiva, integrada por cargos de las consejerías de Interior y Salud, va en detrimento del control de la gestión y dará más libertad al director para decidir los gastos.

Desde 2018, el director del servicio es Joan Delort, un alto cargo que ha trabajado para todos los presidentes de la Generalitat desde principios de los ochenta, desde Jordi Pujol a Quim Torra.

La supresión de la comisión ejecutiva del CAT112 está prevista en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para este 2020, todavía pendiente de aprobación por parte del parlamento catalán. A través de la ley de acompañamiento, el gobierno de Torra pretende introducir modificaciones puntuales en más de un centenar de normativas.

Fuentes del CAT112 insisten en que la supresión de la comisión ejecutiva tiene más trascendencia de lo que parece. Sus actuales funciones serán asumidas por el consejo rector, que preside el consejero de Interior. La diferencia está en que este consejo se reúne tan solo una vez al año, con un carácter más protocolario, mientras que la comisión ejecutiva se convoca cada mes, excepto en agosto.

Las fuentes internas consultadas consideran que se eliminan controles en un servicio que ha “pecado” de falta de transparencia. Además, indican que la supresión de esta comisión no supondrá ningún ahorro porque sus miembros no reciben dietas por asistencia. No obstante, reconocen que, en el pasado, la existencia de esta comisión no impidió irregularidades en la contratación.

Contratos menores

La Sindicatura de Cuentas detectó irregularidades en los procesos de contratación del CAT112 en los ejercicios de 2014 y 2015, los últimos que ha fiscalizado, que corresponden a la etapa del gobierno de Artur Mas. Estas supuestas deficiencias están relacionadas con la adjudicación de contratos menores. Incluso advirtió de indicios que podrían ser perseguibles por la vía administrativa y judicial.

En 2017, la Generalitat expedientó a un responsable financiero y a un técnico. Se les inhabilitó para actuar en procesos de contratación por el periodo de un año. También se les suspendió de empleo y sueldo por un máximo de cuatro días. Sin embargo, fuentes del servicio los califican de simples “mandados” a los que se les cargó el mochuelo. El gobierno catalán evitó apuntar a más arriba.

En el proyecto de presupuestos para este año, la Generalitat aumenta la dotación del CAT112 hasta los 11,25 millones de euros, un 11% más que los 10,15 millones del presupuesto de 2017, el último que aprobó el parlamento catalán.

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