Governació cree que el proceso del 9N no puede seguir tras la decisión del TC

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PROTESTAS

Concentración en la plaza Sant Jaume

30 de septiembre de 2014 (20:35 CET)

El Govern de Artur Mas vive momentos de cierta confusión. La determinación es clara, y se pretende forzar la situación para poder votar el 9 de noviembre, tras la decisión del Tribunal Constitucional de suspender cautelarmente la consulta. Pero con ciertos límites.

Hay consenso en no forzar a “ningún empleado público”, como este mismo martes ha asegurado el consejero de Presidència, Francesc Homs, pero, al mismo tiempo, y con el apoyo del fervor soberanista expresado en la calle, el Ejecutivo de Mas pretende una especie de misión imposible: seguir cómo si..., pero parando el proceso del 9N.

Y en eso la retórica del propio Homs es muy efectista. No forzar a nadie, pero forzar al mismo tiempo que una respuesta ciudadana masiva pueda cambiar las cosas. 

Governació, firme

En ese debate interno, con un intercambio de posiciones sobre qué se podría hacer, surge la posición de la consejera de Governació y vicepresidenta, Joana Ortega, partidaria de tener bien engrasada la maquinaria, pero muy consciente de que el proceso no podrá seguir si el Constitucional no levanta “de inmediato, o en muy pocos días”, la suspensión cautelar.

El Consell Executiu del Govern ha abordado la cuestión este martes, y ha decidido presentar alegaciones para que el Constitucional levante lo más pronto posible la suspensión cautelar.

Governació, el departamento responsable de la intendencia de la consulta, entiende que todo lo que está programado, desde la inscripción del voto inmigrante, hasta la transmisión de la información sobre los requisitos para poder votar, se congela hasta conocer otra decisión del Constitucional. El proceso legal, por tanto, “se para”, aunque ello no implica que el Govern deje de actuar en todos los frentes posibles para encontrar una vía que permita el 9N.

El Constitucional como árbitro

Públicamente esa ha sido la posición de la consejera Ortega, de Unió Democràtica, en los últimos meses. Ortega aseguró en agosto que si la consulta no se podía celebrar, se podría buscar otra fecha. Días después, rectificó, en parte, insistiendo en que se intentaría que se pudiera votar el 9N. Y que estaba todo preparado. Y el pasado sábado, Ortega fue la consejera más activa cuando se firmó el decreto del 9N porque firmó convenios con entidades y organismos necesarios para celebrar la consulta.

Pero Ortega no quiere llevar las cosas más lejos. Tampoco otros consejeros, como el de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, quien a aumentado su tono patriótico en los últimos días para dejar claro que él también quiere la consulta. Vila aseguró que se debía reconocer al Tribunal Constitucional como un árbitro legítimo, y recibió importantes críticas internas, porque uno de los argumentos principales de Convergència, y de Esquerra, es que el Constitucional, desde la sentencia del Estatut de 2010, ha perdido una gran credibilidad.

En los últimos días, Vila, en su cuenta de Twitter, y tras conocer que el nuevo ministro de Justicia, Rafael Català, había recibido críticas por asegurar que Cataluña merecía un trato singular en la Constitución, proclamó que era “para salir pitando de España”.

Protestas masivas en las plazas públicas, bajo la lluvia

Otro consejero que ha dejado claro públicamente los límites es el de Economia, Andreu Mas-Colell, quien ha considerado que es el Govern y las instituciones los que deben liderar cualquier respuesta para poder celebrar el 9N. Mas-Colell entiende que se debe proteger a todos los funcionarios y no forzar decisiones que les perjudiquen.

El caso es que esas dudas sobre qué hacer se enmarcan en un clima de protestas ciudadanas que el propio Govern alienta. Este martes, a partir de las siete de la tarde, miles de personas se han concentrado en las plazas públicas de las ciudades y pueblos catalanes para protestar por la suspensión del 9N dictada por el Constitucional.

La más numerosa ha sido en Barcelona, pero también se han producido en el resto de capitales de provincia y en grandes ciudades grandes como L'Hospitalet, Badalona, Sabadell y Vic.

En Barcelona, junto con las activistas Carme Forcadell, y Muriel Casals, de la ANC y Òmnium Cultural, se han manifestado dirigentes políticos, como Josep Rull, por parte de Convergència; el líder de Esquerra, Oriol Junqueras; Antoni Castellà, dirigente de Unió Democràtica, o el diputado de la CUP, Quim Arrufat, además de otros dirigentes como Joan Josep Nuet, de EuiA. También se han concentrado consellers, como Irene Rigau, de Educació; o Neus Monté, de Benestar Social.
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