Junqueras frena la Hacienda catalana por el caos que impera en la consejería

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La creación de un nuevo organismo recaudador en Cataluña choca con trabas jurídicas y la falta de normativa. Junqueras apuesta por el pragmatismo para sacar adelante la iniciativa

Oriol Junqueras, vicepresidente y consejero de Economía de la Generalitat.

Barcelona, 15 de febrero de 2016 (01:00 CET)

El vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras, defiende en el plano teórico el avance de la Agencia Tributaria Catalana (ATC), pero es consciente de que apenas tiene recorrido dada la "nula capacidad legislativa actual y el caos en el que está sumida la Hacienda autonómica", según deslizan fuentes profesionales del Departamento de Economía.

La falta de personal cualificado, los vaivenes de las hojas de ruta y el mal funcionamiento de los sistemas informáticos lastran el área de Economía.

En el arranque de una legislatura corta, el Departamento de Economía de la Generalitat hereda lo peor de su pasado reciente: la levedad de una etapa marcada por la desconexión con España y la separación entre las intenciones y los hechos, que generan una clima de desconfianza ciudadana.

Junqueras se ha replegado en el pragmatismo para avanzar con pasos lentos y seguros. Defiende el avance de la ATC, pero echa el freno una vez ha podido comprobar de primera mano la ineficiencia en la gestión de la masa tributaria de los impuestos cedidos, que corresponde apenas al 5% del total de la carga impositiva de Cataluña.

Su departamento, manifestó el vicepresidente el pasado lunes en el Parlament, tiene previsto desplegar nuevas leyes que permitan redimensionar la ATC. Sin embargo, Junqueras reconoce que se siente maniatado.

El mundo fiscal funciona a partir de la ley de régimen general de la función pública para los funcionarios y de la ley general tributaria, que regula las instituciones. Junqueras no tiene ni una cosa ni la otra. Y además su Gobierno ha ralentizado el despliegue legislativo necesario para avanzar hacia las estructuras de Estado.

A la vista de los hechos, el vicepresidente resume la situación con esta perífrasis: "seremos pragmáticos".

La insumisión fiscal no funciona

Su etapa el frente de Economía empieza con el rechazo de la llamada insumisión fiscal, planteada en otro momento por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y la Asambleas de Municipios por la Independencia (AMI).

Junqueras critica el "buenismo de aquella iniciativa" en la medida en que resulta confusa. ANC y AMI propusieron a los ciudadanos la liquidación de sus impuestos en la Dirección de Tributos de la Generalitat, pero finalmente, en la práctica, esta entidad no tenía capacidad normativa y acababa depositando los impuestos en la Agencia Tributaria del Estado. El impuesto se pagaba igual y además llegaba tarde; era carne de recargo.

El principal salto hacia delante de la Hacienda catalana se efectuó cuando la Generalitat y las cuatro diputaciones provinciales pusieron en marcha lo que iba a ser el embrión de la agencia catalana, bajo el nombre de Tributs de Catalunya.

Se trataba de crear una red de medio centenar de oficinas que recaudarían impuestos locales y autonómicos, vinculadas a un portal de Internet de información tributaria.

Esta ventanilla única, local y autonómica, dispondría de 1.400 empleados públicos y asumiría el cobro de deudas, que hasta ahora viene recaudando la agencia estatal de acuerdo a un convenio entre administraciones, y que anualmente le cuesta 10 millones de euros a la Generalitat. Es decir, la administración autonómica asumiría para empezar la recaudación en fase ejecutiva.

Problemas a la vista

Sin embargo, este servicio no ha podido implementarse y el objetivo parece alejarse. Ahora, varios años más tarde, Junqueras lo retoma. Dice que asumirá este servicio, con 150 nuevos empleados (entre inspectores y subinspectores de Hacienda) y promete la puesta en marcha de más de un centenar de nuevas oficinas. Un compendio de aspiraciones legítimas, pero imposibles ante la consolidación presupuestaria de Bruselas.

Al resolver asuntos que ya estaban en la agenda de su predecesor, Junqueras rebaja el nivel de exigencia y gana tiempo. La ATC, creada en 2007, se ha quedado con cuatro oficinas y sin apenas visibilidad. La idea de la Generalitat consiste, desde hace años, en efectuar la recaudación de los impuestos cedidos.

Pero para ser tiempo totalmente autónoma, la ATC requiere dos elementos imprescindibles: personal cualificado y sistemas informáticos a la altura del desafío. Respecto al personal, el plan de Junqueras es que los nuevos inspectores y subinspectores contratados por Tributs de Catalunya se unan a los funcionarios ya existentes de la Dirección General de Tributos de la Generalitat.

El vicepresidente y el nuevo secretario de Hacienda, Lluis Salvadó, dicen haber allanado el camino para efectuar nuevas contrataciones de funcionarios sin encomendarse a Agencia Tributaria estatal.

Trabas que parecen insalvables

Sin embargo, más allá de las intenciones, la práctica sigue levantando barreras insalvables, como la sentencia del Tribunal Constitucional que, al declarar ilegal el proyecto de desconexión con España, impidió el traspaso de inspectores de la Delegación de Hacienda del Estado a la Dirección General de Tributos autonómica.

Respecto a los medios informáticos, los profesionales del sector denuncian el fracaso contrastado del proyecto Gaudí, aplicado por Indra en la administración tributaria catalana. Este proyecto llegó a la Generalitat de la mano de Europraxis, una consultora en boca de todos controlada por Josep Pujol Ferrusola, hijo del ex president de la Generalitat.

Para entrar en Cataluña, Indra tuvo que pagar un sobreprecio escandaloso por la Europraxis de Pujol, "una firma que en sí misma representaba una cuota de mercado", en palabras de Javier Monzón, ex presidente de Indra. Ya en la primera mitad del 2000, la predicción de Monzón se confirmó, cuando la Dirección General de Tributos licitaba a favor de Indra la informática de la gestión tributaria en Catalunya.

La gran consultora tecnológica, en horas bajas, había salido del sector público en la segunda mitad de los noventa, la etapa de las grandes privatizaciones de José María Aznar, que cambiaron la epidermis de la clase dirigente trasvasando enormes beneficios a las nuevas capas extractivos.

La ATC retrocede en funciones

Hasta ahora, la mayor parte de los impuestos cedidos a la Generalitat –Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones— están siendo recaudados con la ayuda de los registros Mercantil y de la Propiedad a través de convenios de colaboración entre administraciones.

Es decir, mientras el Departamento proclama el fortalecimiento de una Agencia Catalana, la Hacienda autonómica ha de valerse de la colaboración de la Dirección General de Registros y Notarías vinculada al Ministerio de Justicia. La ATC está donde estaba o incluso podría decirse que ha perdido algunas atribuciones, que se creían haber conquistado a base de declaraciones.

La inercia institucional del Estado es muy dura. Su poder granítico no tiene visos de descomponerse para dar paso a una Hacienda catalana. Él único avance racionalizador es la reducción de costes iniciada en la etapa precedente de Andreu Mas-Colell en Economía, que deberá completar Junqueras con los presupuestos prorrogados.

El vicepresidente solo tiene a favor los cambios de sedes de Economía y Tributos, que minorarán los costes variables y aumentarán el gasto en transporte de los empleados.

La Consejería prepara ya sus traslado al Paseo de la Zona Franca, en Barcelona (después de la compleja venta del inmueble singular de Rambla de Catalunya), mientras que la Dirección General de la calle Fontanella ha anunciado para el próximo 3 de abril el traslado de sus 300 empleados al Edificio T, en el número 46 de la misma arteria.

La ATC virtual de Junqueras estará alejada de las sucursales bancarias y pegada al viejo Polvorín, bajo la vertiente norte de Montjuic. 

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