La doble vara de medir del CAC ante las ofensas a símbolos catalanes y españoles

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La quema de la Constitución en un directo de TV3 es la última de las polémicas en torno al debate soberanista. El regulador de los medios catalanes ha actuado hasta ahora con diferente criterio según de dónde provenían las vejaciones

Un fotograma del vídeo en el que Empar Moliner quema la Constitución, durante 'Els Matins' de TV3

Barcelona, 14 de abril de 2016 (01:00 CET)

El debate nacionalista en Cataluña ha estado plagado de polémicas y declaraciones subidas de tono en los últimos años. La quema este lunes de un libro que imitaba la Constitución en el programa Els Matins de TV3 ha revuelto viejos lodos.

Por el momento, el canal público catalán se ha limitado a retirar el vídeo de su portal y a "lamentar" a través de un comunicado la actuación de Empar Moliner, protagonista de los hechos y colaboradora del programa.

Por su parte, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), anunció a última hora del martes que "analizará de oficio" la intervención de Moliner.

La reacción de los organismos públicos catalanes –el CAC depende directamente del Parlament y el Govern— contrasta por ahora con las medidas emprendidas en otras ocasiones, cuando los símbolos ofendidos estaban vinculados con Cataluña.

A continuación realizamos un repaso de las principales polémicas de los últimos años.

El 'fusilamiento' de Juan Carlos I

Una de las más célebres aconteció en 2012 en el programa Bestiari Il·lustrat, a cuenta de un fusilamiento simulado contra diversos personajes públicos, entre los que se encontraba el hoy rey emérito Juan Carlos I.

En las imágenes se observa al escritor Jair Domínguez y la presentadora Bibiana Ballbè realizando prácticas de tiro sobre caricaturas a tamaño real del monarca, Salvador Sostres, Felix Millet y el príncipe Carlos de Inglaterra.


A pesar del revuelo levantado, que provocó la dimisión de la directora del programa, Mai Balaguer, el CAC tardó un mes en ofrecer sus conclusiones sobre estos hechos.

Cuando lo hizo, optó por pedir a TV3 un aumento de los controles para "garantizar la calidad de su programación", después de reconocer que las expresiones del programa podrían justificar "un determinado uso de la violencia".

El informe acusador contra 13TV e Intereconomía

En otoño de 2013, en pleno suflé del movimiento independentista, la celebración de la Diada generó un alud de tertulias sobre la situación política catalana. También en televisiones como 13TV e Intereconomía, vinculadas a la derecha española más conservadora.

En noviembre el CAC realizó un informe en el que señalaba directamente a estas cadenas por presuntamente vincular el soberanismo catalán con regímenes autoritarios, como la Alemania nazi, a raíz de los comentarios vertidos por algunos de sus tertulianos.

El regulador calificaba estos hechos como "muy graves", por "incitar al odio, al menosprecio y a la discriminación por motivos de nacionalidad".

En virtud de este documento, el propio Govern, en boca de su portavoz, Francesc Homs, amenazó con denunciar a Intereconomía y 13TV por la "frivolización y banalización de lo que representó el nazismo y otros regímenes" y las "desagradables comparativas" con procesos "radicalmente democráticos" como el catalán.

Por su parte, el CAC --que carece de competencias sobre cadenas a nivel estatal-- instó entonces a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a abrir una investigación sobre los hechos, con la amenaza de una multa millonaria de fondo.

Las palabras de Miguel Ángel Rodríguez

Un año después, le tocó el turno al ex secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez.

El antiguo portavoz del Gobierno de José María Aznar realizó las siguientes declaraciones en el programa de Espejo Público, en Antena 3: "[Artur] Mas quiere ser víctima de alguien (…). Lo que le falta es un fusilamiento; entonces estaría estupendo".


Estas afirmaciones recibieron la reprobación del CAC, quien pidió de nuevo a Competencia que adoptase "las actuaciones oportunas" ante unos hechos que, según el ente, podrían implicar una grave sanción económica.

El regulador argumentó entonces que las palabras de Rodríguez "no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión", ya que "introducen elementos de violencia en el debate público" y "atentan contra la reputación personal" del ex President.
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