La estiba saca a flote el inmovilismo de Rajoy

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El Gobierno se arriesga a varias multas de la Unión Europea por no tomar una decisión que afecta a unos trabajadores privilegiados, y que iría a favor de la movilidad laboral

María Blanco

Mariano Rajoy conversa con Fernando Martínez Maíllo, coordinador general del PP, en los pasillos del Congreso antes de la sesión de control de esta semana. EFE/Zipi
Mariano Rajoy conversa con Fernando Martínez Maíllo, coordinador general del PP, en los pasillos del Congreso antes de la sesión de control de esta semana. EFE/Zipi

18 de febrero de 2017 (05:00 CET)

La estiba ha sacado a flote el inmovilismo de Mariano Rajoy y de todo su Gobierno. El globo está a punto de estallar. Si en breve no se aprueba una reforma de las leyes que regulan la estiba en los puertos españoles, todos los ciudadanos nos veremos en la obligación de soportar dos multas millonarias por culpa del inmovilismo del Gobierno que preside Mariano Rajoy.

Una de 27.522 euros diarios a contar desde que el Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegal el sistema de estiba español en diciembre del 2014, y otra, de 134.107,2 euros diarios, a contar desde la publicación de la segunda sentencia, que está por venir.

Todo son apuntes en un debe potencial, que engorda y se hace más real cada día que pasa, y que ha mostrado las dificultades de un Gobierno para tomar decisiones, anclado en un inmovilismo que aplica a todas las cuestiones, desde la estiba al proceso soberanista en Cataluña.


Hipocresía social

Ahora, el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha dado una semana más a los interlocutores sociales para negociar. ¿Decisiones? Las mínimas. Además del incumplimiento de la normativa para contratar trabajadores, que perjudica el tráfico de bienes en un país peninsular y lastra sobremanera la economía española, hay otras cuestiones relacionadas que están poniendo de manifiesto graves problemas de nuestro país.

En primer lugar, la hipocresía social. Raquel Saavedra, estibadora del puerto de Algeciras, el más importante de nuestro país, lleva años pidiendo que se permita trabajar a las mujeres. Las estibadoras reclaman lo mismo que las feministas del siglo XIX pedían a gritos: acceso a un puesto de trabajo para el que, gracias a la tecnología, están tan preparadas como los hombres.

La sindicación matonista de los trabajadores de la estiba no lo consiente y Raquel, una mujer luchadora, joven, capaz, está siendo acosada por quienes sienten cuestionado su territorio: pintadas, amenazas, insultos. No he visto movimientos feministas que las apoyen. No son más que la anécdota en una historia muy fea en la que los sindicatos se han radicalizado y apoyan a quienes usan los métodos más sucios para mantener un privilegio ilegal.


Sueldos por las nubes

Mientras Susana Díaz trata cobardemente de templar ánimos, las estibadoras andaluzas son discriminadas por un sindicato que se comporta como los monarcas absolutos: ellos son los que dictan y aprueban. Porque es mucho más importante no crear problemas tal y como está el clima político en el PSOE que la justicia.

A pesar del clamor sindical respecto a la "precarización" del empleo de los estibadores por culpa de la reforma que impone la UE, hay que recordar que de media, los estibadores cobran más de 67.000 euros al año, un 24% más que los médicos, frente a los 25.000 euros anuales que cobran de media el resto de los trabajadores españoles. Hagan números. Más del doble. Y en un país con un 18% de desempleo y una creciente población desempleada de larga duración. Es bochornoso.

De lo que se desprende de las declaraciones de Antolín Goya, cara visible de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores del Mar, que representa al 80% de los estibadores, lo único en lo que coincido es que la Ley de Puertos ha sido aprobada por todos los partidos políticos de forma consensuada. ¿A qué viene ahora esta sorpresa? ¿Es nueva la reclamación del Tribunal de Justicia de la UE?


¿Qué hacen las autoridades?

Efectivamente, Goya tiene razón. Que las actividades de estiba y desestiba en España están dominadas por unos sindicatos dictadores que imponen su propia ley para mantener sus privilegios a costa de todo era sabido por este gobierno. Que nunca han encontrado el "momento adecuado" para tomar las medidas pertinentes es la clave para entender el otro problema grave que se suma a la hipocresía social. ¿Qué han hecho las autoridades hasta ahora? Marear la perdiz.

No es posible que desde el establecimiento de la Unión Europea las autoridades españolas hayan pasado por alto el problema del funcionamiento de nuestros puertos. No es posible que, dada la importancia para nuestra economía nadie se haya percatado de la necesidad de la reforma.

El peso de los puertos españoles es indudable: 145 mil puestos de trabajo, entre directos e indirectos; más de la mitad del comercio con la UE y más del 95% del comercio con terceros países dependen de los puertos.


Bienes intermedios

Si se paran, digamos, la mitad de nuestros puertos, además de desaprovisionamiento de bienes, muchas empresas estratégicas se verían obligadas a paralizarse, por falta de bienes intermedios y bienes necesarios para su actividad. No es cualquier cosa. Y ese es su principal argumento. El que a día de hoy están utilizando para presionar a los empresarios que, antes de caer en semejantes pérdidas, prefieren aceptar la extorsión.

La reforma de la estiba, que incluye una reconsideración del nivel salarial para acompasarlo al nivel del resto de los trabajadores españoles, y también la libertad de contratación, tendría como resultado un aumento en el empleo de nueva creación, un aumento del PIB, un aumento del tráfico de mercancías y, por supuesto de las exportaciones, así como de la recaudación en impuestos. Y no se ha puesto ni siquiera sobre la mesa por falta de coraje político.

Las autoridades españolas se han limitado a sacar el balón fuera del campo, presentando un recurso a la sentencia del TJEU que nació sin visos de tener éxito, pero con el objetivo de retrasar lo inevitable.


Autoridades cogidas por donde más duele

El inmovilismo del Partido Popular, que trae a la mente su actitud frente al problema de Cataluña, es lo que rellena el globo que está a punto de estallar. Y, como en el caso de Cataluña, donde también hay sentencias de por medio y matonismo político, son los ciudadanos los que pagan el pato.

Aunque las multas, de momento, solamente amenazan nuestro horizonte y nuestra billetera, la segunda sentencia, que probablemente sea condenatoria, llegará antes o después.

Ese es el tiempo que tiene el presidente del ente público Puertos del Estado y el Ministerio de Fomento para poner freno a esta situación, adecuar la legislación a la normativa europea y acabar con este privilegio sangrante de unos trabajadores que mantienen a las autoridades cogidas por donde más duele.
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