La Fiscalía estrecha el cerco sobre Pablo Cavero por la venta de pisos del Ivima

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ANTIFRAUDE TAMBIÉN ENTRA EN ESCENA

Pablo Cavero, el pasado mes de abril, en uno de sus últimos actos como consejero de Transportes de Madrid

desde Madrid, 28 de octubre de 2015 (00:26 CET)

La investigación que se lleva a cabo por la venta, por 202 millones de euros, de casi 3.000 viviendas públicas a Goldman Sachs por la Comunidad de Madrid en octubre de 2013, ha cobrado una nueva dimensión tras la providencia judicial instada por Carlos García-Berro, fiscal de delitos económicos encargado del caso. El mismo que el pasado mes de junio ordenaba detener al ex ministro Rodrigo Rato por presuntos delitos de blanqueo, alzamiento de bienes y fraude fiscal.

Y Pablo Cavero, actual concejal del Ayuntamiento de Madrid, se encuentra en el centro de esta investigación por estar al frente de la Consejería de Vivienda cuando esta operación se realizó.

Juan Van-Halen, en el punto de mira

Desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm) confían en que esta reactivación del caso sirva para que se esclarezca también el papel jugado en esta operación por Juan Van-Halen, entonces gerente del Ivima y, desde marzo de 2014, director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo en el Ministerio de Fomento.

Tras el escrito remitido por el fiscal al juzgado de Instrucción 48 de Madrid, el magistrado Ignacio Bigeriego acaba de dictar una providencia para llevar a cabo nuevas diligencias exigidas, entre ellas la solicitud a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de que elabore un informe sobre las posibles relaciones económicas entre Bussola 99 –la sicav de la familia de Cavero, de la que Pablo Cavero cesó como consejero en marzo de 2012–, el fondo Goldman Sachs, la gestora Azora encargada, primero de gestionar la operación para el fondo estadounidense y, después, del alquiler y venta de las viviendas, y de Encasa Madrid, la sociedad titular de las viviendas.

Además de este informe, el juez, a instancias del fiscal, pide al Ivima (ahora Agencia de Vivienda Social) que aporte un sinfín de documentación sobre los extremos en que se sustanció la operación.

Quebranto patrimonial

La Fiscalía quiere saber qué valor contable tenían en diciembre de 2012 los 7.929 inmuebles vendidos (2.935 protegidos en alquiler, 3.084 plazas de garaje y 45 locales comerciales). También, la justificación de gastos en la tramitación de la operación por 202 millones, entre ellos el contrato firmado por el Ivima con la Sociedad de Tasación para fijar un valor a los inmuebles. El objetivo, ver si, como asegura, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, la operación produjo un quebranto de más de 100 millones de euros en el patrimonio público.

Una de las cuestiones más novedosas del caso estriba en conocer el alcance de las supuestas reuniones que, cinco meses antes de la adjudicación, mantuvieron responsables de Azora y la sociedad luxemburguesa Thethys Investment con responsables del Ivima y de la propia Consejería.

El papel de Encasa Cibeles

La Fiscalía también pretende esclarecer la entrada en escena de Encasa Cibeles en octubre de 2013, como la sociedad que firmó la operación de compraventa, sin que hasta ese momento se tuviera noticia de su existencia.

Por último, el juez pide a la Agencia de Vivienda Social un informe sobre el porcentaje de arrendatarios que han ejercido su derecho a opción de compra y los que habían desistido del mismo entre 2009 y 2013.

Más testigos

La providencia judicial cita a declarar como testigos el próximo 30 de noviembre a técnicos intermedios de la Consejería que intervinieron en la operación, como Fernando Pascual, jefe del Área de Contratación, y Beatriz Solano, interventora delegada, así como a Beatriz Ibernón, arquitecta de Sociedad de Tasación, la empresa a la que el Ivima encargó la tasación de los inmuebles.

Estas declaraciones se unen a la única que hasta ahora se había llevado a cabo, la que, en septiembre de 2014, llevaba a cabo la entonces directora general del Ivima, Ana Gomendio, como imputada por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el marco de la querella presentada por el Partido Socialista de Madrid (PSM). Se autoexculpó y señaló a Juan Van-Halen, su predecesor en el cargo, como el responsable de haber iniciado el proceso de licitación.

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