Lazos amarillos en la vía pública. Foto: EFE/EF

La fiscalía investiga a los mossos por perseguir la retirada de lazos

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La Fiscalía Superior de Cataluña investiga a los Mossos d'Esquadra por la identificación de 14 personas que retiraban lazos amarillos de la vía pública

Barcelona, 27 de agosto de 2018 (14:49 CET)

La Fiscalia Superior de Cataluña ha abierto diligencias de investigación este lunes a los Mossos d'Esquadra por identificar a 14 personas que retiraban lazos amarillos en la vía pública en varias localidades de Tarragona, a quienes el Departamento de Interior de la Generalitat amenazó con aplicar la conocida como ley mordaza.

Tras estas actuaciones, el ministerio público solicita conocer los criterios de actuación en estos casos, según un decreto de tres páginas firmado por el teniente fiscal Pedro Ariche, en el que pide al comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius, que le haga llegar en un máximo de quince días un informe sobre las actuaciones policiales en la retirada de lazos de Tarragona. Además, solicita que identifique a los agentes que participaron en aquel operativo y que detallen si denunciaron en el juzgado a los identificados o si se les abrió un expediente administrativo.

La actuación de los mossos que investiga la fiscalía se produjo el 17 de agosto en las poblaciones de Móra la Nova, Tivissa y Vandellòs. Los agentes de la policía autonómica detectaron tras recibir un aviso un vehículo en el que viajaban cuatro posibles autores de la retirada de lazos. Tras darles el alto, detectaron que los individuos portaban mapas y herramientas como palos y frontales de luz que podían emplear para retirar los símbolos independentistas. Posteriormente pararon a otros dos vehículos e identificaron a otras diez personas, uno de ellos guardia civil.

El Departamento de Interior anunció que aplicaría la 'ley mordaza' a los identificados

Posteriormente, Interior anunció mediante un comunicado y a través de Twitter que iniciaba acciones contra las catorce personas identificadas por una "presunta infracción grave" de la ley 4/2015 de seguridad ciudadana, que sanciona estas acciones con multas de entre 601 y 30.000 euros. Las diligencias abiertas por la fiscalía se producen después de que José Domingo, miembro de Societat Civil Catalana, remitiera un escrito a la fiscalía poniéndole en conocimiento de los hechos.

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