La Guardia Civil eleva a 4 millones la malversación del 1-O

La Guardia Civil añade otros 760.000 euros a la factura del 1-O por la contratación de dos programas informáticos para recaudar impuestos

Recibe nuestra newsletter diaria

O síguenos en nuestro  canal de Whatsapp

Se siguen sumando ítems a la factura del referéndum ilegal del 1 de octubre. La Guardia Civil eleva ya a más de 4 millones de euros las partidas de «fondos públicos» de la Generalitat para la celebración del 1-O y otros gastos relacionados con «el camino a la república» emprendido en los últimos cuatro años.

Uno de los últimos informes que el instituto armado entregó al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona añade a los 3,26 millones de euros empleados en el 1-O otros 760.000 euros destinados a programas informáticos para recaudar impuestos, una función que corresponde al Estado.

Desde 2014 hasta la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, la Generalitat contrató el desarrollo de dos programas informáticos con el objetivo de obtener datos del IRPF y de cotizaciones a la Seguridad Social de los ciudadanos, y así poder recaudar impuestos masivos excediendo sus competencias.

Puigdemont destinó 241.000 euros a un sistema tributario ilegal

El informe, recogido por Europa Press, revela que «back office SAP TRM«, la última de estas herramientas informáticas, costó más de 241.000 euros. El sistema, contratado por el Govern de Carles Puigdemont, formaría parte del esquema informático de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) en una nueva «república».

El objetivo era financiar las necesidades básicas de la Generalitat de Cataluña hasta que la ATC fuese plenamente operativa, ya puestos en el escenario de la independencia de la región. Así las cosas, el sistema tomaría el control sobre una importante cantidad de ingresos tributarios, como el IRPF y las cotizaciones sociales.

La Guardia Civil señala que la Generalitat, tras encargar el desarrollo informático a la empresa IBM, hizo una interpretación «abusiva» de la ley tributaria, que permite utilizar un asesor fiscal como intermediario para presentar las declaraciones y liquidaciones del impuesto ante Hacienda.

La ATC se presentaba como mediador entre los contribuyentes catalanes y la Agencia Tributaria estatal, con lo que lograba canalizar y controlar estos fondos, aunque en público decía que era una medida destinada a facilitar los trámites tributarios y la eficiencia de estos.

La aplicación tributaria de Artur Mas

La herramienta «back office SAP TRM» fue la segunda de las que se sabe que encomendó la Generalitat para hacerse con los datos tributarios de los contribuyentes. El sistema cerró con la aplicación del 155, con un coste de desactivación que ascendió a más de 16.000 euros. 

Durante la administración de Artur Mas, en 2014, se contrató otra aplicación, el «Gestor de Entradas«, para contribuyentes que voluntariamente desearan entregar a la ATC una copia de su declaración del IRPF. La herramienta solo estuvo operativa en 2014 y tuvo mantenimiento hasta 2016, tras un escaso uso de los ciudadanos, pero su coste fue de casi 512.000 euros.

El informe concluye que «los máximos responsables de la Generalitat de Cataluña pudieron haber hecho un mal uso de los fondos públicos, arrogándose competencias de las que carecían» y «la cuantía total destinada a las actividades recogidas en este informe ascendió a un total de 759.390,58 euros».

La cifra incluye casi 6.300 euros que representan el 45% del coste de los viajes al extranjero de los dirigentes de la Generalitat para buscar financiación para la «república»; el porcentaje restante no está registrado porque los investigadores están a la espera de que el gobierno catalán aporte los datos.

Suscríbase a nuestro canal de Telegram para estar informado con las últimas noticias sobre política en Cataluña

Recibe nuestra newsletter diaria

O síguenos en nuestro  canal de Whatsapp