Carles Puigdemont participando en una reunión de Junts per Catalunya por videoconferencia. Foto: Efe

La inmunidad de Puigdemont no funciona en el Tribunal de Cuentas

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El órgano fiscalizador comunicará al expresidente cuánto dinero desvió para el 1-O para embargar sus bienes si no paga una fianza

Barcelona, 26 de enero de 2020 (13:07 CET)

El Tribunal de Cuentas comunicará este martes el monto total que presuntamente desviaron los líderes del procés para pagar los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 a Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ex vicepresidente del Govern, así como a otros 18 exconsejeros o altos cargos independentistas.

El órgano fiscalizador informará a sus representantes legales de la cuantía que cada uno de ellos debe afrontar como responsables del uso ilícito de fondos públicos, dado que ninguno de los investigados tiene el deber de comparecer. Si no consignan dicha cantidad en el plazo que el Tribunal de Cuentas señale, se procederá a embargar sus bienes de forma preventiva. Para evitar tomar estas medidas, previsiblemente se fijará una fianza conjunta y solidaria para que los presidentes responsables respondan a una posible condena y garanticen el reintegro del dinero utilizado para este fin a las arcas públicas. 

Es el mismo procedimiento que se siguió en su día contra el expresidente de la Generalitat Artur Mas, considerado el máximo responsable de los gastos de la consulta soberana del 9 de noviembre de 2014. En su día, esta cifra ascendió hasta casi cinco millones de euros, que tuvo que responder de forma solidaria con las fianzas del resto de implicados.

Sin inmunidad en el Tribunal de Cuentas

Carles Puigdemont, huido a Bélgica de la Justicia Española, no podrá escudarse esta vez en la inmunidad adquirida como eurodiputado que le está permitiendo asistir a los plenos del Parlamento Europeo. Otros de los investigados son: Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull (también condenados por sedición y en prisión);  Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila (condenados por desobediencia por la misma causa);  y Toni Comin, Clara Ponsatí, Lluis Puig y Meritxell Serret (huidos a otros países). 

También se ha citado a la exconsejera cesada en el verano de 2017 Neus Munté, y a los ex altos cargos de la Generalitat Antoni Molons, Joaquim Nin y Amadeu Altafaj, Josep María Jové —uno de los negociadores que impuso ERC para acordar con el PSOE la Investidura de Pedro Sánchez— y Josep Gineta (procesados ​​por el juzgado de Barcelona que investiga la organización del referéndum).

Para determinar la cantidad en la denominada acta de liquidación provisional, se han tenido en cuenta los gastos vinculados a la actuación del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) para la creación de páginas web, aplicaciones, plataformas y programas informáticos que darían soporte digital a la votación; el uso de 2.259 locales habilitados como puntos de votación o publicidad institucional, como la campaña 'Civisme’.

También se ha investigado si se han destinado fondos públicos para el suministro de papeletas, censo electoral, cartelería y cartas certificadas, que fueron incautadas en las naves de la empresa Unipost, así como la acción exterior desarrollada por la Generalitat en favor del proceso independentista.

Gastos publicitarios de un millón de euros

La denuncia del Ministerio Público en el Tribunal de Cuentas no fija una cifra concreta del dinero que presuntamente se considerará malversado el 1-O y que se debe reclamar. Sí cita facturas relacionadas con los lugares de votación (900.906,70 euros), gastos publicitarios que se acercan al millón de euros en distintos apartados, un gasto de 979.666,96 euros en papeletas y 38.431,20 euros en cartelería. 

También destaca la acción de la presidencia catalana "en el exterior absorbió 2,3 millones de euros, a lo que añaden diferentes gastos en viajes de observadores que superan los 100.000 de euros en diferentes conceptos. Por su parte, los otros dos demandantes, SCC y Abogados Catalanes por la Constitución considera que el Gobierno de Carles Puigdemont destino 1.971.601,20 euros de fondos públicos de la Generalitat.

En este procedimiento, la magistrada instructora ha tenido también en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo que se dio a conocer el pasado 14 de octubre por el procés independentista, que se remitió al Tribunal de Cuentas, dado que no se puede reclamar el dinero, ya que la competencia es del órgano fiscalizador. El alto tribunal cifró en más de 2,35 millones lo gastado por la Generalitat en la consulta independentista, según ha publicado la agencia Europa Press este domingo.

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