Un traductor judicial en un juicio en Canarias.

La Policía Nacional rebaja las exigencias para contratar traductores

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La Policía Nacional rehace el concurso para los traductores de sus escuchas telefónicas porque ninguna empresa cumple sus exigencias

Madrid, 04 de septiembre de 2018 (10:28 CET)

La Policía Nacional no encuentra una empresa de traducción en España que cumpla con los requisitos para gestionar la traducción de las escuchas telefónicas a implicados en tramas de corrupción, blanqueo de dinero y terrorismo internacional. El cuerpo policial trabaja ahora en la redacción de un nuevo concurso que permita a alguna de las empresas del mercado español ganar el contrato y ofrecer el servicio.

La Policía convocó a un concurso público a finales del año pasado para cubrir las traducciones del cuerpo, un servicio estratégico para las investigaciones en contra de las mafias internacionales que operan en España. Pero las exigencias y los requisitos fueron imposibles de cumplir por las dos grandes empresas que trabajan con la mayoría de los juzgados españoles: Seprotec y Ofilingua.

El cuerpo policial había exigido licenciados en traducción para algunas lenguas para las que no cuentan con profesionales con esa licenciatura. Las empresas tienen dificultades para conseguir traductores de albanés, turco o giorgiano con licenciatura de traducción e interpretación. 

“Hay traductores con muchos años de experiencias y formados en otras áreas pero es imposible conseguir profesionales traductores licenciados para lenguas minoritarias”, explican fuentes del sector.

Retrasos en los pagos de los traductores

Ni Ofilingua, que trabaja en la Audiencia Nacional, ni Seprotec, que tiene contratos para ofrecer servicios de traducción de bajo coste en la Comunidad de Madrid y Cataluña, pudieron cumplir los requisitos y el concurso fue declarado desierto.

Ahora, las empresas trabajan con contratos prorrogados por la Policía, pero arrastran problemas para cobrar desde finales del año pasado. Cada factura atrasada tiene que pasar por Consejo de Ministros para ser abonada.

Los traductores e intérpretes contratados para desempeñar tareas de primer orden para la seguridad nacional han sufrido retrasos en el pago de sus nóminas de más de 15 días, tal como han confirmado un grupo de traductores a este medio.  

Ahora, el ministerio del Interior deberá redactar las condiciones de los nuevos contratos para exigir requisitos que sean asumidos por alguna empresa. El ministerio hasta ahora no aclarado en qué puntos rebajará sus exigencias: si en las licenciaturas o en el mínimo de trabajadores en plantilla que deben tener las compañías aspirantes. En el concurso anterior, la exigencia de plantilla fija rondaba el 10%.

La policía cuenta con un equipo de traductores propio pero recurre a empresas privadas para cubrir la carga de trabajo. La asociación profesional de traductores e intérpretes judiciales y jurados (APTIJ) han aprovechado la coyuntura para exigir que los tribunales y la policía cuenten con traductores de plantilla y al servicio de la administración.

Fuentes cercanas al ministerio del Interior aseguran que este modelo, por los costes que implica contar con varios expertos traductores en decenas de lenguas, es inviable.

Traductores sin formación 

Las traducciones judiciales y policiales han sido objeto de polémica reciente en España. Seprotec, la mayor empresa de traducción low-cost, contrataba a traductores sin comprobar su conocimiento en la lengua que decían dominar.

Un periodista de Economía Digital se hizo pasar por traductor de árabe sin hablar ni una palabra de esa lengua en un trabajo de investigación que demostró las escasas competencias de los traductores contratados por esa compañía.

El periodista fue contratado por la empresa y le asignó juicio como intérprete. Los trabajadores de los juzgados de Madrid se han quejado por la poca cualificación de los traductores de Seprotec.

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