La querella que el Parlament anunció contra Llarena sigue «en estudio»
Casi mes y medio después de que la Mesa del Parlament acordara una demanda contra Llarena contra el criterio de sus letrados, estos no han empezado a redactarla
El conseller de Empresa y Empleo, Roger Torrent. EFE.
Casi mes y medio después de que la mayoría independentista de la Mesa del Parlament ratificara su decisión de presentar una querella en el Tribunal Supremo (TS) contra el juez de la Sala Penal del mismo TS Pablo Llarena, los servicios jurídicos de la cámara catalana, que ya se mostraron contrarios a la iniciativa, no solo aún no la han presentado, sino que no la han empezado a redactar. La medida sigue a día de hoy «en fase de estudio», según han explicado a Economía Digital fuentes oficiales del Parlament.
Las mismas fuentes precisan como única explicación que, «tal y como se acordó», se está estudiando «qué posibles acciones penales» habría que iniciar (aunque la única acción penal posible es, por definición, una querella) y contra quién. Y lo mismo vale para la queja conttra Llarena que también se acordó presentar ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): no se ha presentado porque sigue en estudio.
Ya entonces, los abogados del Parlament recordaron que no son expertos en derecho penal
La mesa aprobó el 13 de abril querellarse por prevaricación contra Llarena a raiz de su negativa a excarcelar a Jordi Sànchez, el expresidente de la ANC encarcelado al que Junts per Catalunya (JpC) postuló como president, para que pudiera asistir a su pleno de investidura, y dejó la puerta abierta a que la denuncia pudiera ampliarse a otros miembros de la Sala Penal del Supremo que se considerara que también habían vulnerado los derechos políticos de los diputados del Parlament, como entendían JpC, ERC y la CUP que había hecho Llarena.
PP y Cs advirtieron que activándola, la cámara catalana podía incurrir en un delito de malversación
En esa misma sesión es en la que se aprobó igualmente elevar la queja al CGPJ mientras se estudiaba la viabilidad de la querella, y que sigue sin haberse presentado tampoco.
Ya entonces, los abogados del Parlament recordaron que no son expertos en derecho penal, y recomendaron (de forma verbal, porque no se les pidió ningún dictamen previo) que sería mejor que la querella la presentaran en todo caso o el propio Sànchez o los grupos que la defendían, pero no la institución, para evitar entrar en una espiral judicializadora que pudiera volverse contra el Parlament. En ese sentido, PP y Cs advirtieron que activándola, la cámara catalana podía incurrir en un delito de malversación.
Oídos sordos a los letrados
La medida quedó en stand by 10 días porque la oposición no independentista reclamó que la mesa reconsiderara su decisión. El tema se abordó el 24 de abril y el rodillo independentista volvió a imponer su criterio, de nuevo contra las advertencias de los letrados, y ratificó el encargo, que seis semanas más tarde, sigue en el cajón. Por si acaso, el grupo de Cs ha presentado un recurso de reposición, último cartucho administrativo, y si no se estima, prevé recurrirla al contencioso.
La portavoz socialista en el Parlament, Eva Granados, hizo referencia el pasado miércoles a esa querella ubicada por ahora en el limbo a la hora de valorar la demana penal que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció también contra Rajoy, y que, en cambio, fue presentada apenas tres días después. «Esperamos que esté en la misma carpeta que la querella contra Llarena o el recurso que se quería enviar al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos», dijo. Este último, anunciado por Torrent en febrero también para denunciar el no de Llarena a Sànchez.
Sin precedentes de demandas penales
El Parlament nunca hasta ahora ha presentado una demanda penal como institución en el actual periodo democrático. En agosto del año pasado, la mesa ya anunció una querella que nunca llegó a presentar contra todos los altos cargos que, pese a haber sido citados, no se habían presentado a la comisión de investigación dedicada a la “Operación Cataluña”, entre los que estaban el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría o el sucesor de esta al frente del ministerio del Interior, Juan Ignacio Zoido.
En aquella ocasión, la cosa al final se quedó en lo único que prevé el reglamento del Parlament en estos casos: una notificación a la fiscalía de la incomparecencia de Rajoy, Sáenz de Santamaía, Zoido y todos los demás.
