Las ‘empresas fantasma’ de Unió resucitan
Dos gestores afines a Duran i Lleida recuperan el mando de una red bajo sospecha judicial
Los empresarios Joan Albert López Sans y Miguel Ángel Cortés, investigados por la Fiscalía por apropiación indebida, falsificación y estafa, ya tienen vía libre para tomar el control de la red de 36 empresas que crearon durante la década pasada.
López y Cortés tejieron un entramado de inmobiliarias, empresas de comunicación, informática y eventos de escasa actividad y con unas cuentas opacas.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya tenía indicios de que la red podría estar detrás de un sistema con el cual Unió Democrática de Catalunya (UDC), partido dirigido por Josep Antoni Duran i Lleida, recibía financiación irregular.
La investigación desencadenó la inhabilitación de López y Cortés como administradores de las sociedades, que habían elaborado facturas falsas para pagar servicios a UDC los años posteriores a la pérdida de la Generalitat, en 2004.
Pero el Registro Mercantil de Barcelona de este viernes abre el camino para que ambos retomen la administración de las empresas, la mayoría de las cuales está en situación de mora y afronta demandas judiciales y concurso de acreedores.
En el registro se publicaron un total de 36 cancelaciones de la inhabilitación de ambos administradores.
Unió, que en el pasado negó los vínculos con la trama investigada, asegura desconocer las novedades sobre la investigación.
Empresas morosas
Las empresas de la red, en la órbita de la Fundació Catalunya i Territori, vinculada a Unió, tienen varios puntos en común: nunca han presentado balances en el Registro Mercantil y acumulan demandas y juicios por impago.
La Fundación Catalunya i Territori alquilaba cinco de sus locales en Tàrrega, Lleida y Tarragona al partido UDC. Desde 2005, el partido de Duran dejó de pagar el alquiler a la fundación, según la querella presentada en 2010.
En el proceso también fueron investigados José Coronado Mateu, que había sido administrador de Copisa, y el diputado de CiU en el Congreso, Josep Sánchez-Llibre, pero la causa fue archivada en pocas semanas.
