Los alcaldes independentistas están a un paso de la malversación

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Si el TSJC confirma la ilegalidad de pagar cuotas a la Asociación de Municipios por la Independencia, los alcaldes que lo hagan serán acusados de malversación

Manifestantes a favor de la independencia de Catalunya.

Barcelona, 17 de febrero de 2017 (05:00 CET)

Los alcaldes catalanes que forman parte de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) no han desobedecido a los jueces. Al menos, de momento, según constatan diversos abogados y catedráticos. Ni siquiera ha desobedecido el alcalde de Reus, Carles Pellicer (PDECat), pese a que un tribunal contencioso administrativo ha anulado la adhesión de este municipio a la AMI. No obstante, los juristas consultados advierten de que seguir pagando las cuotas a esta asociación independentista, una vez que la sentencia sea firme, entraría de lleno en el supuesto de malversación de caudales públicos.  

El juez Guillermo Peral Fontova ha lanzado un torpedo a la financiación de la asociación de municipios independentistas. Como titular del juzgado contencioso administrativo número 1 de Tarragona, Peral anuló el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Reus por el que se adherían a la AMI y, en consecuencia, la cuota anual de 10.000 euros que pagan a esta entidad independentista. Si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) confirmase la sentencia, los ayuntamientos no podrían seguir manteniendo a la AMI.  

El alcalde Pellicer anunció que su ayuntamiento seguirá en la AMI y ya han presentado un recurso ante el TSJC. En este sentido, Pere Lluís Huguet, ex decano del Colegio de Abogados de Reus, señala que Pellicer no ha desobedecido por la sencilla razón de que la sentencia todavía no es firme. Si el TSJC la confirmase, Huguet indica que el alcalde debería cumplirla a rajatabla o, en caso contrario, se le acusaría de malversación de fondos públicos.

Todas las decisiones municipales son recurribles

Huguet es uno de los portavoces del reciente manifiesto "El derecho, al servicio de las libertades", firmado por decenas de juristas críticos con la deriva independentista del gobierno de Carles Puigdemont. En la misma línea del manifiesto, Huguet reclama que se acepten todas las sentencias con "normalidad" porque forman parte del juego democrático.

Lla resolución del contencioso administrativo "no es ningún ataque contra la soberanía municipal", al contrario de lo que sostiene el alcalde Pellicer. Tampoco será un ataque la futura sentencia del TSJC, independientemente del sentido del fallo. Recuerda que todas las decisiones de las administraciones públicas son recurribles ante los tribunales, "incluso las multas de tráfico".  

Eloy Moreno, expresidente de la sección de derecho procesal del Colegio de Abogados de Barcelona, constata que seguir pagando cuotas si hay una sentencia firme que lo prohíbe puede constituir un delito de malversación de fondos públicos. En su opinión, "no es descabellado plantearlo" porque se estaría financiando un objetivo, como es el de la independencia de Cataluña, que está al margen de las competencias municipales. No obstante, recomienda no avanzarse a los hechos: "la justicia va paso a paso".

Andrés Betancourt, catedrático de derecho administrativo de la Universidad Pompeu Fabra, asegura que "no se me pasa por la cabeza" que un alcalde pueda incumplir una sentencia firme del TSJC. Esto sí que sería un acto de desobediencia. Betancourt subraya que los alcaldes y los concejales pueden ser secesionistas, pero que los ayuntamientos, como administraciones públicas, no tienen opinión ni libertad de expresión. Por este motivo, si se pagan cuotas a la AMI, deberían sufragarlas los alcaldes o los ciudadanos a título individual, pero nunca sus ayuntamientos.  

Si el TSJC confirmase la resolución sobre el Ayuntamiento de Reus, Betancourt señala que los efectos de la sentencia se podrían aplicar a los 786 municipios que en la actualidad forman parte de la AMI. Los alcaldes deberían suspender el pago de cuotas, que van de un mínimo de 75,50 euros a un máximo de 10.000 euros, para evitar la acusación de malversación.

Sociedad Civil Catalana tiene prisa

José Domingo, vicepresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), entidad que llevó al Ayuntamiento de Reus al contencioso, tiene prisa. No piensa esperar a que se pronuncie el TSJC. Anuncia que solicitarán la ejecución provisional de la resolución del juzgado contencioso administrativo de Tarragona para que Reus abandone la AMI. No obstante, según apuntan los juristas consultados, esta sentencia sería recurrible.

Domingo pone como antecedente el contencioso que SCC ha interpuesto contra el Ayuntamiento de Sant Cugat. Su alcaldesa, Mercè Conesa, que también preside la Diputación de Barcelona, retiró una estelada de una plaza pública en cumplimiento de una ejecución provisional de una sentencia de un tribunal contencioso administrativo de Barcelona. Pese a estar recurrida al TSJC, Conesa izo la bandera independentista a raíz de la ejecución provisional de la sentencia. Domingo está convencido que pasará lo mismo con la adhesión del Ayuntamiento de Reus a la AMI.

Sociedad Civil Catalana también ha recurrido al contencioso las adhesiones a la AMI de los ayuntamientos de Castelldefels y Terrassa. Sin embargo, a los alcaldes de estas dos localidades barcelonesas no se les podrá perseguir por un hipotético delito de malversación de fondos públicos porque no pagan las cuotas.  

Terrassa, con más de 215.000 habitantes, es el municipio más poblado que se ha adherido a la AMI. Su alcalde, el socialista Jordi Ballart, accedió a subscribirse a la asociación independentista para facilitar el pacto de gobierno con el PDECat. Fuentes municipales confirman que, más de un año y medio después, no ha pagado ninguna cuota ni la pagará. El acuerdo tácito es que se prestaba a aparecer como miembro de la AMI, pero no a pagar las cuotas para que no se le acusara de financiar al independentismo.  

Un portavoz de la AMI asegura que han "girado" la cuota de 10.000 euros anuales al Ayuntamiento de Terrassa, que es la tarifa que le corresponde por tratarse de un ayuntamiento de más de 150.000 habitantes. No obstante, no confirma que realmente la hayan cobrado.
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