Paloma, afectada por las falsas plusvalías, paga 260 euros a su ayuntamiento al mes.

Los ayuntamientos hincharon sus arcas con los vecinos que perdieron el piso

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Los consistorios dispararon los ingresos con los vecinos que se arruinaron con la hipoteca. Siguen cobrando las plusvalías pese a las sentencias judiciales

Madrid, 23 de mayo de 2017 (12:55 CET)

A pesar de ser declarado inconstitucional, Paloma M.S., vecina de Jerez de 47 años desempleada, volverá a pagar el próximo 5 de junio la tasa por una supuesta plusvalía por la venta de un inmueble con el que perdió dinero.

Hace dos años, Paloma tuvo que vender su casa en 112.000 euros, 13.000 euros más barata que cuando la compró en 2003. Al quedarse sin trabajo por el cierre de la empresa familiar, pidió al ayuntamiento el fraccionamiento de un impuesto que fue pensado para que los municipios recibieran una tajada de las ganancias inmobiliarias de sus vecinos. Pero los afectados por la crisis han resultado doblemente apaleados. Han perdido dinero con la venta y además tienen que pagar impuesto a los ayuntamientos.

El Tribunal Constitucional ha declarado ilegales los pagos de la tasa de plusvalías a los ayuntamientos en los casos en los que las ventas se han hecho a pérdidas.

Los ayuntamientos siempre calculan una revalorización en función de los años de posesión del inmueble. Poe ello, Paloma, y otros miles de afectados en España que han fraccionado los pagos del impuesto por falta de recursos, tienen que seguir pagando.

“No tengo ingresos porque no tuve derecho a paro, no tengo vivienda, vivo con mis padres y tengo que pagar un impuesto de una supuesta ganancia que nunca tuve”, explica la afectada. “He tenido que sacar dinero de mi plan de pensiones para pagar 260 euros al mes”, explica la afectada que ha exigido la devolución más intereses a través de la plataforma de denuncias Reclamador.es.

Sabían que estaban cobrando de más

El caso de Paloma no es aislado. Unos 580.000 vendedores de vivienda en España han pagado el impuesto ahora declarado ilegal. Los ayuntamientos se han lucrado de esta tasa incluso con una abrupta caída de los precios reales de los pisos.

El año pasado, el Ayuntamiento de Madrid recibió 600 millones de euros por este impuesto. Diez años antes, en 2006, en plena burbuja inmobiliaria, el ayuntamiento del exalcalde Alberto Ruiz Galardón apenas había recibido 233 millones por este mismo concepto, de acuerdo con los datos oficiales.

“Recibimos muchos casos de ciudadanos que han sido desahuciados y tienen que seguir pagando el impuesto. Y el personal de atención al público sólo le puede dar un pago fraccionado”, explica Miguel Ángel Lorenzo, portavoz del sindicato Somos Sindicalistas, en la Agencia Tributaria de Madrid, que se encarga de la recaudación de este impuesto.

“Los ayuntamientos sabían que estaban cobrando de más y que estaban machacando aún más a la gente pobre que ha perdido la vivienda en la crisis. La norma está impuesta por el ministerio pero desde el ayuntamiento tampoco se ha hecho nada para cambiarla”, explica Lorenzo.

Los ayuntamientos incluso siguen ingresando la tasa de quienes han dado el piso en dación de pago. “Cuando los bancos se quedan con un inmueble por impago, lo registran como una venta a la inmobiliaria de la entidad. Entonces, supuestamente se produce una plusvalía y la persona que no puede asumir la deuda tiene que pagar un impuesto al ayuntamiento”, explica Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Banca, Asufin. “Es injusto e ilógico”, añade.

“Los afectados ahora podrán recuperar entre 3.000 hasta 12.000 euros por estos impuestos cobrados cuando no ha habido plusvalía. Ahora, tras el fallo del constitucional, pedimos a los ayuntamientos que acepten pagar sin tener que recurrir a los tribunales”, explica la representante de la plataforma.   

Los bufetes de abogados y plataformas de reclamación esperan una nueva oleada de pleitos masivos como ocurrió con las preferentes y las cláusulas suelo. Reclamador.es calcula que las cantidades en juego podrían ascender a casi 2.500 millones de euros.

El protocolo para la devolución del dinero todavía no está claro, pero hay algo que todos tienen por seguro. La administración no devolverá el dinero de forma automática. Habrá que reclamar. 

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