Los detenidos de la operación Pika ya están en casa

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Los cargos de la antigua Convergència se niegan a declarar ante la Guardia Civil con el argumento que las actuaciones judiciales son secretas

Francesc Sánchez a la salida de la comisaría de la Guardia Civil de Tarragona. / EFE

Barcelona, 03 de febrero de 2017 (21:00 CET)

Todos los detenidos de la operación Pika que ingresaron el jueves en la comisaría de la Guardia Civil de Tarragona han salido en libertad. Como mínimo tres de ellos, los más vinculados a Convergència (CDC), se negaron a declarar con el argumento que las actuaciones judiciales eran secretas. Este es el caso de Andreu Viloca, ex tesorero; Francesc Sánchez, ex coordinador de régimen interno del partido; y Antoni Vives, ex teniente de alcalde de Barcelona en la etapa de Xavier Trias.  

Todos los detenidos están a la espera que el juez Josep Bosch, titular del juzgado de instrucción número uno de El Vendrell (Tarragona), les cite a declarar. Sus abogados no han informado sobre los cargos que se les imputan. El juez Bosch instruye el llamado caso del 3%, sobre la supuesta financiación ilegal de Convergència.  

De los 18 protagonistas de la operación Pika del pasado jueves, ocho pasaron la noche en comisaría. De manera escalonada, durante este viernes abandonaron estas dependencias. Francesc Sánchez y Antoni Vives declararon estar "tranquilos" y criticaron que se les privase de libertad durante un día. Sus abogados –Judit Gené, del despacho de Javier Melero, y Rafael Entrena- defenderán este lunes a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega en el juicio del 9N.  

También salieron en libertad Josep Antoni Rosell, ex director general de la empresa pública Infraestructures.cat (la antigua GISA), así como los empresarios Josep Maria Bassols (Oproler), Sergio Lerma (Oproler), Fèlix Pasquina (Construcciones Pasquina) y Xavier Tauler (Copisa). Este último, ex consejero delegado de Copisa, también figura como investigado en el caso Pujol.  

Pujol no se quedo "toda la mierda"  

En una conversación informal con un grupo de estudiantes, Jordi Pujol confesó recientemente que se había comprometido con Artur Mas a "quedarme toda la mierda" del partido. No obstante, los investigadores del caso del 3%, sobre la financiación ilegal de Convergència (CDC), mantienen que los supuestos delitos –"la mierda" a la que se refiere el ex presidente– continuaron y se perfeccionaron con Mas al frente del partido. La documentación incautada en la reciente operación Pika, por la que se ha vuelto a detener al ex tesorero convergente Andreu Viloca, corrobora esta tesis policial.  

Tanto en la etapa de Pujol como en la de Mas, las grandes constructoras han ofrecido generosas donaciones a las fundaciones y entidades de Convergència, supuestamente a cambio de la adjudicación de obra pública. En la operación Pika, la tercera fase de la investigación sobre las tramas de financiación irregular del partido, se ha llegado al entorno íntimo de Artur Mas. De los dieciocho detenidos, siete todavía continuaban retenidos en la noche de este viernes en la comisaría de la Guardia Civil de Tarragona.  

La operación Pika impacta en el entorno de Artur Mas  

Como si se tratase de un tsunami, la operación Pika ha impactado en las empresas que gestionan la obra pública, en el Ayuntamiento de Barcelona de la etapa de Xavier Trias, en la Generalitat, en Convergència y en su líder, Artur Mas, que ahora lo es del PDECat. Uno de los detenidos ha tenido un destacado papel en todos estos eslabones: Antoni Vives. Los agentes registraron su domicilio particular en el distrito de Sarrià y su despacho en el paseo de Gracia durante todo el jueves antes de llevárselo detenido a Tarragona. Vives ha trabajado para Mas –fue su mano derecha en los últimos gobiernos de Pujol-, ha sido teniente de alcalde del Ayuntamiento con Xavier Trias y director de la CatDem, la fundación del partido que recibía las donaciones de las constructoras.  

En julio de 2010, ante la comisión de investigación del caso Pujol, Vives reconoció que la CatDem había firmado, cuando era su director, tres convenios con la Fundación del Palau de la Música que presidía Fèlix Millet. Con todo el descaro, Vives dijo que no tenían porque devolver el dinero ya que lo habían utilizado para crear "cinco coblas" musicales. La dirección del partido rectificó con posterioridad y decidió devolver los 630.000 euros de los convenios.  

Anticorrupción ha pillado al ex concejal Antoni Vives  

"Vives ha vivido peligrosamente" durante muchos años, según apunta un diputado de la oposición que ha seguido sus pasos. El anterior director de la Oficina Antifraude, Daniel de Alfonso, se arrugó, no se atrevió a actuar contra él, pero si lo ha hecho la Fiscalía Anticorrupción. El fiscal Emilio Sánchez Ulled lo ha imputado por contratar militantes convergentes a través de la sociedad municipal Barcelona Regional y, ahora, el fiscal Fernando Bermejo le investiga por los contratos de Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa), el gestor de obra pública del Ayuntamiento. Concretamente, investigan la adjudicación de las obras del túnel de la plaza de las Glòries.  

La estructura de financiación de Convergència ha saltado por los aires. Han caído los más estrechos colaboradores de Artur Mas en el partido –el tesorero, Andreu Viloca, y el coordinador de régimen interno, Francesc Sánchez– y los hombres que tenía al frente de empresas que gestionan la obra pública -Josep Antoni Rosell, ex director de Infraestructures.cat, y Antoni Vives, que estuvo en Bimsa-, así como el presidente del Puerto de Barcelona, su amigo Sixte Cambra.  

Sixte Cambra encara una delicada situación  

En los próximos días, el juez Josep Bosch, que instruye el caso del 3%, decidirá si formula cargos en su contra. Si le considera investigado (imputado) por la financiación ilegal de CDC, el consejo de administración del Puerto de Barcelona, que cuenta con cuatro representantes del gobierno central, puede plantear su relevo. Por sus declaraciones públicas, está claro que Cambra no piensa abandonar su cargo. Atribuye la operación a la movilización por el juicio del 9N contra Artur Mas que empieza este lunes.  

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha encargado una investigación interna. De los resultados de esta investigación dependerá el futuro de Constantí Serrallonga, actual director de la Fira de Barcelona que también figura entre los implicados por su anterior cargo de gerente municipal durante la etapa de Trias.
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