Los grandes bufetes anuncian la muerte del catalanismo político

Cuatrecasas, Ernst&Young, Gómez Acebo, Cremades, Roca o Garrigues consideran que el PDC ya no representa al catalanismo y que ERC no tiene equipos

Miquel Roca, al frente del bufete Roca Junyent./EFE

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«Si el nacionalismo no propone enmiendas a la Ley Eléctrica, pongamos por caso, para incentivar la economía productiva, deja de ser útil a su electorado», afirma Manuel Silva, letrado del Estado, militante de Unió y ex diputado de CiU. Silva, socio del bufete Roca Junyent, pone en la misma casilla la muerte factual de la antigua CiU y la inanición en marcha del actual Partit Demòcrata Català (PDC).

El fin de la dialéctica tiene víctimas sobresalientes, como el senador Josep Lluís Cleries, el diputado Carles Campuzano o Pere Macias, el ingeniero de caminos que instalará el Trambaix de Diagonal. En su libro Anatomía del poder, John Kenneth Galbraith señala el carácter y la organización como fuentes de poder; para Alfred Chandler la piedra de toque es la especialidad.

El PDC se ha quedado sin lo uno y sin lo otro. Y sin los tres millones de euros anuales que le permitirían mantener a sus parlamentarios, sufragar viajes y gratificar a los suministradores de inteligencia jurídico-técnica, los abogados de Uría Menéndez, de Garrigues o de Cuatrecasas, expertos en grupos de interés. «Es la muerte del catalanismo político, tal como nosotros lo entendemos«, certifican de común acuerdo varios socios de estos mismos bufetes.

El proceso contra Mas y Homs

Asistimos a un momento en el que la historia se repite en clave de farsa. Hace bastantes años, en el balance de los GAL (83-87, con 27 asesinatos a su espalda), el Supremo no quiso ni llamar a declarar a los imputados Felipe González, Narcís Serra y José María Benegas.

El PSOE borró su pasado echando a Alfonso Guerra de la Ejecutiva y listos. Pero ahora, sin muertos de por medio y cuando el peligro se llama ruptura catalana, el Constitucional abre un puente de plata para que Artur Mas y Francesc Homs comparezcan cualquier día ante el Supremo, una sala dispuesta a meter miedo penal a políticos electos acusados de rebelión. Más allá de los códigos, el Estado de la Brigada Aranzadi no exhibe signos de vida inteligente.

Es lo que tiene quedarse sin apoyos a la gobernabilidad. El PDC empezó a perder el 26-J y esta semana ha certificado su divorcio definitivo con Rajoy, mago con los dados en el póker del mentiroso. Lo de la mesa del Congreso fue solo un espejismo. El cabreo supino de Homs y Mas debería mostrarles que si negocias con España no puedes suscribir la declaración de ruptura del Parlament movido por el resentimiento, aquel estado mental que Vicens Vives puso tantas veces como ejemplo de necedad catalana.

¿Cómo poner en valor ocho diputados?

A partir de ahora, sin la gestión de intereses, el PDC de Homs no se puede mantener en el Congreso. Entrará en el Grupo Mixto para diluirse definitivamente como segunda fuerza, con ocho diputados, frente a nueve que tienen los valencianos de Compromís. «Éramos un grupo acostumbrado a tener 16 diputados como mínimo; pero lo que ha quedado ahora no tenemos forma de ponerlo en valor, sin grupo parlamentario propio», señala un ex alto cargo de Unió, apartado de la política y afectado por la debacle.

En lugar de PDC, será Esquerra Republicana (ERC) quien tome la palabra con Grupo propio. En el calendario oficial de organizaciones empresariales, sociales y sindicales, en la casilla de Convergencia han puesto ya el nombre de ERC.

ERC, sin equipo ni doctrina

Pero el criterio de los expertos coloca una enorme duda sobre la eficacia del nuevo Grupo Catalán: ¿Quién puede confiar la gestión de los intereses de la sociedad, como la lucha contra el paro, los concursos empresariales y bancarios, la defensa de los sectores emergentes o la calidad de la Sanidad pública y privada a políticos inexpertos como los de ERC?

Quienes se formulan este interrogante, amparados en el anonimato, pertenecen a las élites jurídicas. Son los lawyers internacionales con fuerte implantación en Madrid y Barcelona, (Ernst & Young o Baker & MacKenzie o los brazos jurídicos de KPMG o Deloitte) y algunos despachos nacionales habituales en el mundo del lobby, como Cremades-Calvo Sotelo o Gómez Acebo-Pombo, parten de la base de que ERC no tiene equipo ni doctrina para asumir el relevo histórico del sendero negociador que han dejado tras de sí Miquel Roca y Duran Lleida.

Menor interés de los abogados

Donde vive la especialidad, el sufragio no cuenta. La labor de los políticos de ERC, como Joan Tardà y Gabriel Rufián será vista ahora con lupa por los bufetes. De momento, el apretón de Rufián al negar la posibilidad de que los diputados de PDC compartieran el Grupo con los de ERC, ha decepcionado a los expertos. Los juristas más cercanos al mundo parlamentario acusan a Rufián de sectarismo y de paso se quitan de en medio, temerosos de tener que abrazar profesionalmente una causa independentista que les resulta completamente ajena.

La entraña de la política convive mal con la de los negocios por muy legales que estos sean. «La gente quiere sangre», machaca un abogado de Ernst &Young; y lo cierto es que hoy, por mucho que los lobbys estén registrados oficialmente, la tangente entre el Derecho y la ideología se ha convertido en un deporte de riesgo y además ha perdido el glamour de otro tiempo.

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