Los Mossos denuncian a la Policía por alertar a yihadistas de Sabadell

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DESCOORDINACIÓN ENTRE LOS CUERPOS POLICIALES

Operación Caronte antiyihadista

en Barcelona, 13 de mayo de 2015 (21:40 CET)

Durante meses dio la impresión que la operación Caronte contra el terrorismo islamista podía desembocar en un nuevo caso Faisán, versión yihadista.

Todo empezó hace algo más de un año cuando la Brigada de Información Antiterrorista de los Mossos d'Esquadra inició una sigilosa investigación sobre una presunta célula durmiente de terroristas islamistas radicales cuya base operativa se encontraba en Sabadell y Terrassa (Barcelona).

En coordinación con la Fiscalía de la Audiencia Nacional y dirigidos por el juez central de instrucción número 1, Santiago Pedraz, los Mossos identificaron uno a uno a los sospechosos a la vez que intervenían sus teléfonos.
 

El peluquero en el centro de la diana
 

Durante meses, la policía autonómica siguió el rastro de aquellas personas. En especial, de una de ellas, Antonio S. M., un peluquero de 40 años, natural de Granada, vecino de la calle Plini el Vell, de Sabadell, que se había convertido al islam tres años antes.

Los equipos de seguimiento de los Mossos rastreaban cada minuto de la vida cotidiana de este hombre y de su esposa, una joven marroquí. Le siguieron y le grabaron en sus constantes visitas a la mezquita de Terrassa. Incluso le acompañaron, como aparece en el sumario en alguna de las plegarias.
 

Adoctrinamiento de terroristas alrededor de la mezquita
 

Las sospechas, sin embargo, no apuntaban a lo que ocurría en el interior de la mezquita, sino a otras reuniones, alrededor del templo, más informales. En ellas, Antonio S. M. mantenía encuentros sobre todo con jóvenes de origen marroquí.

Los Mossos, día a día, semana a semana, y mes a mes, ampliaron el abanico de presuntos yihadistas hasta llegar a una docena de personas, todas ella vinculadas con ese peluquero granadino vecino de Sabadell.
 

Preparados para atentar
 

Los teléfonos y el cotejo de los datos obtenidos con informaciones que maneja la inteligencia internacional llevaron a los Mossos, la Fiscalía y al juez instructor a la conclusión de que, indudablemente, Antonio S. M. dirigía una célula de captación de yihadistas para enviarlos, previo adoctrinamiento, a Siria. Lo hacía con la finalidad de luchar en la guerra santa de la mano del Estado Islámico-Daesh.

Pero no sólo eso, los minuciosos seguimientos realizados a todos ellos, junto con determinadas informaciones que llegaron con urgencia a Barcelona desde Bulgaria, Francia y EEUU dispararon las alarmas: ese grupo estaba en disposición no sólo de reclutar, sino de perpetrar directamente atentados en Cataluña. En concreto, en Barcelona.
 

Los Mossos estrechan el cerco
 

Ese salto cualitativo tensionó aún más, si cabe, a los investigadores. A partir de aquel momento se intensificó el marcaje policial a unos individuos que parecían actuar con la guardia baja, con normalidad.

En apariencia no imaginaban que decenas de agentes camuflados les seguían, fotografiando, filmando, revisando sus buzones, sus cubos de basura, sus recibos, sus relaciones comerciales y profesionales durante las 24 horas del día desde hacía meses.
 

Cambio súbito
 

Todo ese proceder, a primera vista normal o al menos habitual en el día a día de los sospechosos, se truncó de repente. Un día, los agentes del grupo de escuchas de la policía autonómica destacados en esa operación, que acabo bautizándose como operación Caronte, se miraron unos a otros y fruncieron el ceño.

Los teléfonos intervenidos se habían calentado e informaban de que alguno de los investigados mantenía extrañas relaciones con algún ciudadano español, no yihadista ni tan siquiera musulmán. Ese extremo descolocó a los agentes que sabían del fuerte componente ultra islamista de los investigados, un grupo muy cerrado y endogámico.
 

Se confirman las sospechas: era el CNP
 

La perplejidad inicial acabó tornándose en inquietud. Los investigadores habían tirado de aquel hilo y acabaron identificando a un alto oficial del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) como interlocutor de uno de los sospechosos. Se pusieron en marcha entonces todas las alertas.

De forma inmediata, los mandos de la Brigada de Información Antiterrorista de los Mossos pusieron ese hecho en conocimiento de la autoridad judicial y de la Fiscalía.
 

La Audiencia Nacional abre una investigación separada
 

Transcurridos sólo unos días, las sospechas subieron de temperatura: aparecieron indicios de que los contactos pretendían dar el agua a los investigados. Es decir, los Mossos tenían la convicción de que sus colegas del CNP estaban alertando a los miembros de ese presunto grupo terrorista de que estaba siendo investigado.

Los mismos mandos de los Mossos, ya manifiestamente escandalizados, presentaron ante el juez Santiago Pedraz un informe-denuncia en toda regla. El magistrado, ante los indicios, ordenó una pieza separada de investigación.
 

Los sospechosos toman medidas de protección
 

La aparición en esas referencias a los mandos del CNP coincidió, según lo detallado por los Mossos en su informe, con un cambio radical de actitud de los sospechosos que hasta entonces actuaban con la guardia baja: de pronto adoptaron medidas claras de vigilancia y de contra vigilancia. Cambiaron sus hábitos de conducta, el lugar de sus reuniones y los horarios de sus citas.

Eso no sólo confirmaba las sospechas que habían llevado a los Mossos a denunciar formalmente al CNP sino que, además, ese nuevo escenario ponía en gravísimo riesgo aquella investigación secreta contra una célula terrorista durmiente que, a medida que iba siendo diseccionada, parecía más cerca de pasar a la acción.
 

Archivo de la causa aún no justificado
 

El juez Pedraz llegó a formalizar diversas imputaciones de policías nacionales pero, por motivos que aún constan en secreto y que el juzgado central de instrucción número 1 no ha querido especificar, el mismo magistrado, poco después de la operación de detención de 11 de los 12 los sospechosos que se llevó a cabo el 8 de abril en Sabadell y Terrassa, Barcelona, Sant Quirze del Vallès y Valls, acabó archivando esa pieza contra el CNP.

Sea cual sea el motivo que llevó finalmente al archivo de esa causa separada (fuentes no oficiales hablan de que entre los investigados figuraba algún confidente del CNP), lo cierto es que entre Mossos y CNP se ha instalado un insostenible clima de desconfianza, en un tema tan sumamente delicado y potencialmente devastador como el terrorismo yihadista.

No existen precedentes en España de denuncias de contubernio policial con grupos terroristas islamistas.
 

El CNI trata de mediar
 

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que llegó a colaborar estrechamente con los Mossos d'Esquadra en algún aspecto operativo y de análisis de la situación de esta célula, trata de mediar entre los dos cuerpos en un terreno de juego (el de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado), donde no impera, digan lo que digan los respectivos responsables políticos, la más mínima y exigible colaboración en una cuestión de Estado tan extraordinariamente delicada.

Los Mossos imputaron a 8 de los 11 detenidos el delito de pertenencia a organización criminal con fines terroristas, captación y adoctrinamiento de otras personas para ser enviadas a luchar en zonas de conflicto bélico o para incorporarse a la célula desarticulada.

A alguno de estos ocho detenidos se les acusó de preparación para cometer estragos con finalidad terrorista. O los otros tres, la imputación fue abierta por encubrimiento y colaboración.
 

Felicitaciones de la Fiscalía
 

La Fiscal Especial contra el Terrorismo Yihadista de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, declaró hace sólo unos días en una entrevista concedida a Economía Digital que "esta actuación de los Mossos d'Esquadra, se ha llevado a cabo con un alto nivel de profesionalidad y rigor".

Siete de los 11 detenidos, entre ellos Antonio S. M., ingresaron en prisión incondicional.

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