Magdalena Álvarez afronta la quinta fianza más elevada impuesta por la justicia

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Alaya imputa a la ex ministra por malversación y prevaricación, delito que negó el pasado 8 de octubre cuando declaró ante la magistrada

Álvarez declaró ante Alaya en octubre

12 de marzo de 2014 (11:52 CET)

La ex ministra de Fomento y actual responsable del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez (PSOE), ha terminado como la primera integrante del gobierno central responsabilizada en el caso de los ERE andaluces. La juez que instruye la investigación, Mercedes Alaya, le ha impuesto una fianza civil de 29,5 millones al considerar que las ayudas concedidas entre 2001 y 2003 emanan de irregularidades relacionadas con varios expedientes de regulación de empleo aprobados durante la etapa en la que fue consejera andaluza de Economía.

La cantidad se cuenta entre las más elevadas impuestas por la justicia en España. Sólo hay cuatro cauciones que la superan: la del caso Malaya (mil millones); la decretada contra el ex consejero de Empleo andaluz, Antonio Fernández (807 millones) por el mismo caso de los ERE; la del caso Damm (511 millones); y la del caso PSV (252 millones). Tras ésta llegaría la recibida por Álvarez, cuyo importe exacto es de 29.568.129 euros (más que la decretada contra la cúpula de la CAM).

Ayudas millonarias e ilegales

Con esta decisión, Alaya la pone al frente de un sistema de ayudas que considera ilegal y que sospecha fue creado para evitar los controles oficiales. Álvarez, según fuentes judiciales, sería responsable de sólo tres de los 11 años que se investigan, durante los que se concedieron las subvenciones dudosas. En concreto, la juez imputa a la ex ministra por malversación y prevaricación, delito que negó el pasado 8 de octubre cuando declaró ante la magistrada.

A pesar del testimonio, Alaya considera a la militante socialista “una de las promotoras, en connivencia con otros” del sistema de pagos de los ERE: las transferencias de financiación, un procedimiento de concesión de ayudas con cargo a una partida presupuestaria que, según la juez, carecía de control y “favorecía su entrega discrecional”. Esta partida llegó a sumar 721 millones, de los que están en cuestión una cuarta parte.

Modificaciones del presupuesto

La consejería que dirigía Álvarez en el gobierno de Manuel Chaves (PSOE) era responsable del uso del fondo de recursos públicos. La juez le atribuye haber eludido “los férreos requisitos legales de tramitación y fiscalización” que regulaban las subvenciones. Se habría “puesto de acuerdo con otros y a sabiendas de la absoluta discrecionalidad y de forma totalmente opaca”. En paralelo, Alaya atribuye a Álvarez la autorización de siete modificaciones presupuestarias de 93 millones cada una y otras cinco de 32 millones.
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