El expresidente Carles Puigdemont (d) con los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí en el acto político que realizó el sábado pasado en Perpiñán (Francia)./EFE/David Borrat

Marchena tiene sobre la mesa un caso de corrupción de Puigdemont

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Un juzgado de Girona pide al Tribunal Supremo que investigue a Puigdemont en relación a un supuesto fraude con el servicio del agua

Economía Digital

El expresidente Carles Puigdemont (d) con los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí en el acto político que realizó el sábado pasado en Perpiñán (Francia)./EFE/David Borrat

05 de marzo de 2020 (12:25 CET)

Carles Puigdemont tiene un nuevo frente judicial que puede acabar con su carrera de eurodiputado. No está relacionado con el procés independentista, sino con la gestión de Aguas de Girona (Agissa) en la época en la que Puigdemont era alcalde de esta localidad.

El juzgado de instrucción número dos de Girona ha enviado una exposición razonada al Tribunal Supremo en la que expone indicios de criminalidad respecto a Puigdemont por las irregularidades detectadas en Agissa entre 1998 y 2013.

El juzgado de Girona ha solicitado a la sala de lo penal del TS que abra una causa penal contra Puigdemont por los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración y falsedad documental.

La sala de lo penal del TS está presidida por Manuel Marchena, el mismo magistrado que presidió el tribunal que juzgó a Oriol Junqueras y otros ocho dirigentes independentistas por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Puigdemont no se sentó en aquella ocasión en el banquillo de los acusados porque se fugó de la acción de la justicia.

En la exposición razonada, el juzgado de Girona argumenta que Puigdemont pudo incurrir en supuestos ilícitos cuando estableció un canon extraordinario para el servicio del agua que sirvió para financiar una colección de obras de arte.

Operación de ocultación

El Ayuntamiento de Girona adquirió en 2014, cuando Puigdemont era su alcalde, una colección de arte a los herederos de Santos Torroella por un importe de 3,9 millones de euros. Se financió con el canon del servicio del agua. O sea, la pagaron los consumidores de este servicio. La juez instructora considera que se diseñó “una operación para ocultar" como se financió la compra de las obras de arte.

La Guardia Civil se personó en setiembre de 2018 en las dependencias del Ayuntamiento de Girona para recabar documentación del caso. Los agentes estaban acompañados por el fiscal anticorrupción José Grinda. En esta operación, llamada Aquarium, se intentaba comprobar el origen del dinero con el que se compró la colección de Santos Torroella. También se registró a empresas relacionadas con la gestión del agua en el área de Girona.

A través de las redes sociales, Puigdemont afirmó que estas acciones judiciales responden a un intento de “embadurnarle alegremente”. Indicó que, a través de su abogado, se ofreció a la fiscalía para una declaración voluntaria. Obviamente, no se ofreció para realizar esta declaración de forma presencial en España.

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