Mas culpa al tripartito de los 1.300 millones 'desaparecidos' de su contabilidad

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La deuda se generó debido a obras licitadas por Montilla, pero Europa considera que deben incluirse en las cuentas de la Generalitat

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda

en Barcelona, 23 de noviembre de 2015 (22:32 CET)

El Ministerio de Hacienda y la Conselleria de Economia se han enzarzado en una guerra a cuenta de 1.300 millones que han desaparecido de la contabilidad de la Generalitat. Este dineral tenía que haberse registrado como deuda de la Administración catalana, pero los millones brillan por su ausencia en las cuentas presentadas por el Govern de Artur Mas.

Tanto es así, que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha puesto el asunto en manos de la Intervención General del Estado, el Instituto Nacional de Estadística y el Banco de España para que inicien una investigación y resuelvan el misterio de los 1.300 millones de euros desaparecidos.

La Conselleria no ha tardado en responder a esas acusaciones. Lo ha hecho por boca del número dos del Departamento, Albert Carreras, quien tras acusar a Montoro de hacer uso de "la gesticulación electoral más baja", le ha echado la culpa al tripartito.

La herencia recibida

Carreras ha recurrido al clásico de la herencia recibida y ha explicado que esos 1.300 millones corresponden a obras que licitó la Generalitat entre los años 2004 y 2009, es decir, cuando gobernaban Pasqual Maragall y José Montilla. El segundo de Andreu Mas-Colell ha añadido que esas obras se terminaron en 2013 y que, por tanto, no tienen por qué contabilizarse en 2015.

Pero ese no es el criterio de Eurostat. La Oficina Europea de Estadística considera que este tipo de gastos deben contabilizarse cuando afloran. Es decir, que la Generalitat está obligada a anotar los famosos 1.300 millones en este ejercicio de 2015 que es cuando se ha sabido de su existencia.

Liquidez suficiente

Además, "hay liquidez suficiente para hacer frente a la situación", según indican fuentes del Ministerio consultadas por Economía Digital.

Pero ¿de dónde salen esos 1.300 millones? Es cierto que se refieren a obras, principalmente de carreteras y prisiones, adjudicadas por el tripartito. Los Ejecutivos de Pasqual Maragall y José Montilla recurrieron a la contratación público-privada para diferir el pago en varios años.

Ese tipo de contratos se cerraron bajo diversas modalidades: peaje a la sombra, concesiones o derecho de superficie. Su finalidad era que la Administración fuese pagando poco a poco. Los acuerdos establecían tres tipos de riesgo: de construcción, de ejecución y de disponibilidad. Y la Generalitat no los contabilizaba como deuda pública al tratarse de contratos privados.

Asunción del riesgo

Pero en el año 2004, Eurostat llamó la atención al Estado español sobre este mecanismo de contabilidad. La Oficina europea señalo que sólo podían excluirse estos contratos del montante de la deuda pública cuando el contratista o concesionario asumía al menos dos de los tres riesgos.

En la práctica, la Administración asumía todos los riesgos y, por eso, estos 1.300 generados por este tipo de contratos, que se firmaron hasta 2009, deberían contabilizarse como deuda de la Generalitat.

De hecho, la cantidad que se adeuda podría ser muy superior. La Sindicatura de Comptes desveló en un informe de 2013 que las deudas que dejó Montilla se elevan a más de 79.000 millones de euros y que no acabarán de pagarse hasta el siglo que viene, concretamente, hasta 2108.     

Informe sobre la cuenta general de la Generalitat

No obstante, y aunque la deuda proceda de la herencia recibida, la Generalitat sabía desde 2004 cuáles eran los criterios de contabilidad impuestos por Europa y debería haberla anotado como tal.

El síndico mayor de la Sindicatura de Comptes, Jaume Amat, podría arrojar este martes algo de luz sobre el asunto, ya que entregará el informe sobre la cuenta general de la Generalitat del ejercicio 2013 a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

Intervención encubierta

Pero mientras eso ocurre, se recrudece el otro flanco que tienen abierto Montoro y Mas-Colell en su guerra particular. El ministro está dispuesto a dar más de 3.000 millones a la Generalitat a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para que Cataluña pueda pagar sus deudas.

Pero para proceder a esa entrega ha puesto una condición: que el dinero se destine a gasto social, sanitario y educativo y no a la construcción de la independencia. La Generalitat, que ve en esta condición una "intervención" encubierta de su autonomía, está que trina.

Que los farmacéuticos pongan velas para cobrar

Y no parece muy dispuesta a cumplir con el mandato del Gobierno central. Tanto es así que Carreras, en una entrevista a RAC1, se permitió ironizar y pidió a los farmacéuticos que pongan "una vela a su patrona preferida" si quieren cobrar lo que les debe la Administración catalana.

Esa deuda no es ninguna bagatela, porque la Generalitat debe 334 millones a los farmacéuticos catalanes a cuenta de lo acumulado entre los meses de julio y septiembre. Desde el Ministerio explican que si el Govern de Mas hubiese querido habría abonado esas facturas, puesto que el FLA ha entregado a la Generalitat 1.701 millones hasta octubre.

Además, Cataluña ha recibido otra inyección de 269,7 millones como consecuencia de la liquidación definitiva de 2013, añaden desde Hacienda. Y concluyen que la Generalitat "ha contado con liquidez suficiente para hacer frente a los pagos fundamentales para los ciudadanos".          

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