Mas quiere ahora eliminar las investigaciones de Antifraude

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REFORMA LEGISLATIVA

Daniel de Alonso, director de la Oficina Antifrau

25 de marzo de 2014 (22:36 CET)

La Oficina Antifrau nunca gustó a CiU. Tampoco al PSC, pero la insistencia de Esquerra Republicana, bajo los gobiernos del tripartido, llevó a la creación de un organismo en el que se pueden realizar denuncias civiles, penales, o administrativas, y que está resultando ser un pilar en la lucha contra la corrupción.

Ahora las cosas han cambiado. Y la voluntad del President Artur Mas de aprobar una Ley de la Transparencia podría implicar el deseo inicial: restar competencias y minimizar las funciones y las investigaciones que realiza la oficina que dirige el magistrado Daniel de Alfonso.

Los límites de Antifrau


CiU lo tiene claro, pero teme las consecuencias políticas de una iniciativa legislativa que la izquierda pudiera vender como un paso atrás en la lucha contra la corrupción, justo ahora, en pleno proceso soberanista y con una gran sensibilidad ciudadana ante una mala gestión de los recursos públicos.

Por ello busca un consenso, primero con ERC, pero también con el PP, que tampoco ha mostrado una gran simpatía por una oficina que, al final, “lo único que puede hacer es enviar a la Fiscalía los casos en los que entiende que hay delito”, según fuentes parlamentarias.

Antifrau, minimizada, pero motor del nuevo organismo


Los grupos se han citado para el 11 de abril, después de comprobar que no hay todavía acuerdo. El Govern desea impulsar la Ley de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Y lo hace a través de una ponencia parlamentaria. La ley podría suponer la creación de un nuevo organismo que fuera el producto de una fusión de otros organismos, como la propia Oficina Antifrau; la Autoridad Catalana de Protección de Datos y la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Servicio Documental. Lo que todos los grupos parlamentarios sí tienen claro es que “no se puede crear uno nuevo”.

El problema es que CiU necesita un socio para sacar adelante la ley, aunque se busca el máximo consenso. Y Esquerra tiene claro que no quiere renunciar a uno de sus logros, cuando estuvo en el Govern, producto de aquella campaña de Josep Lluís Carod-Rovira con el lema de Mans netes en 2003.

Pero los republicanos podrían ceder a la hora de redefinir las funciones de Antifrau, aunque desean que sea Antifrau quien tire del resto de competencias de los otros organismos susceptibles de fusión. Esa es también la idea de ICV.

Sin poder investigar

El PP también expresa sus dudas sobre qué deberá hacer Antifrau, y cómo se repartirán las competencias. ICV, por su parte, reclama que en ningún caso Antifrau debería perder competencias, y, en todo caso, debería asumir algunas nuevas.

La inquietud impera en los grupos, porque un informe jurídico, encargado por la ponencia, mantiene que el nuevo organismo no se encargaría de la lucha contra la corrupción, justamente la principal función ahora de la Oficina Antifrau. El informe no vincula a ninguna fuerza política, pero está ahí y es un referente.

Antifrau, de hecho, considera que su papel debería ser determinante para liderar, precisamente, la Ley de Transparencia. Para ello, Daniel de Alfonso sugirió diversas propuestas cuando Artur Mas citó en el Palau de la Generalitat a los responsables de los organismos de control de la Generalitat. Y presentó, posteriormente, un informe sobre ello.

Mejorar el funcionamiento

La cuestión de fondo, sin embargo, es que en el texto que tienen los partidos se refiere a las funciones que debería tener el nuevo organismo, a raíz de la Ley de Transparencia, y que no cuenta entre ellas la investigación de la corrupción. Se habla de funciones de protección de datos, de velar por la transparencia y el buen gobierno, o de garantizar el derecho de acceso a la información, y realizar evaluaciones documentales o pedir información a las administraciones.

Sea conveniente o no, en función de esa Ley de la Transparencia, los grupos parlamentarios mantienen, con matices, algunos juicios en común sobre la OfIcina Antifrau. Se destaca de forma positiva su labor respecto a la transparencia y a la formación, pero se discrepa respecto a las investigaciones que realiza.

“En todo caso, si hay cosas que se pueden mejorar, que se mejoren, pero no se puede suprimir ni restar competencias a Antifrau”, aseguran fuentes parlamentarias.
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