Ortega hace oídos sordos a los sindicatos y recorta la jornada y el sueldo a los interinos
El Govern aprueba en el consejo ejecutivo el plan de ocupación pública. Afirma que se trata de la mejor vía para evitar despidos
La Generalitat ha aprobado este martes el polémico plan de ocupación pública. La vicepresidenta del Govern y consellera de Governació i Relacions Institucionals, Joana Ortega, ha presentado la hoja de ruta al consejo ejecutivo con la oposición frontal de los sindicatos de la función pública. Entre las medidas que más han enervado a los trabajadores de la Generalitat hay la reducción de la jornada y el sueldo en un 15% del personal interino.
En rueda de prensa después de la reunión, el portavoz del Ejecutivo, Francesc Homs, ha defendido que el plan es la mejor opción posible para «garantizar los puestos de trabajo y ganar en eficiencia». Así mismo, ha recordado que se evita en todo momento los despidos de personal interino a pesar de las críticas recibidas por los representantes de los trabajadores. Acusan a CiU de no entrar a negociar ninguna de las propuestas que los sindicatos han presentado. De hecho, tildan al diálogo que han mantenido desde diciembre de «pantomima».
«Cuando tienes que reducir costes de personal tienes dos maneras: redistribuir el trabajo o despedir gente. Nosotros hemos tomado la decisión de no despedir a nadie. Nuestro propósito es no aumentar las listas del paro», ha sentenciado Homs. Así mismo, ha explicado que en la legislatura vigente los cambios que se han impulsado a la plantilla de la Generalitat permitirán un ahorro de 625 millones de euros.
Temporalidad
El Govern también recalca que el plan es temporal y se aplicará del 1 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2014. También deja la puerta abierta a reducir la duración de las medidas si la situación presupuestaria lo permite.
De la limitación del 15 % de la jornada y el salario, quedan excluidos el personal interino de los bomberos, de los agentes rurales, de los cuerpos de auxiliares técnicos de los servicios penitenciarios y del cuerpo de veterinaria de los mataderos.
La hoja de ruta también afectará unos 45.000 trabajadores públicos, entre personal funcionario y laboral, y prevé que la Generalitat pueda aplicar unilateralmente medidas de reorganización de tareas y funciones, así como la reordenación de jornada y horarios, modificaciones de los puestos de trabajo y redistribución de efectivos.
