Pedro Sánchez encalla: todas las consecuencias del bloqueo político
La ausencia de un Gobierno con plenas funciones atasca la financiación autonómica y la renovación de organismos económicos y legislativos
Las consecuencias de la inestabilidad institucional comienzan a preocupar. El bloqueo de gobierno, con Pedro Sánchez en funciones, no solo afecta a la política, sino que también hace estragos en asuntos que repercuten directamente en la economía o los organismos públicos. Muchos de los asuntos que necesitan ser abordados por un Ejecutivo con plenas funciones no pueden llevarse a cabo porque un Gobierno en funciones no puede tomar ciertas decisiones.
Entre ellas, conceder los anticipos a cuenta de la financiación de las comunidades autónomas. La Abogacía del Estado considera «ilegal» desbloquear unos fondos que recibirían las comunidades por un importe de 5.000 millones de euros, a los que hay que añadir 2.500 del cambio en la contabilidad del IVA. La investidura de Pedro Sánchez permitiría actualizar los pagos, de modo que el Estado se pondría al día con las comunidades de forma inmediata.
Sin embargo, la situación actual impide el incremento de las entregas a cuenta a las comunidades, que tendrá sus consecuencias. Según recoge El Confidencial, si finalmente no reciben la actualización, al menos 13 comunidades autónomas incumplirán el objetivo de déficit para este año, y probablemente lo acabarán incumpliendo todas las comunidades del régimen común, excepto País Vasco y Navarra, que cuentan con sistema foral especial. Las comunidades aprobaron unos presupuestos generosos, por lo que, de no llevarse a cabo el incremento de la financiación presupuestada, provocaría el incumplimiento de la regla de gasto, fijada en el 2,7%
Las comunidades ya han alzado la voz. La Generalitat aprobó este martes presentar un contencioso contra el Gobierno por el bloqueo de los anticipos a cuenta del sistema de financiación. Varios Gobiernos autónomos, sobre todo los liderados por el PP, ha decidido seguir este camino.
Parálisis en la renovación de organismos económicos y legislativos
El efecto del bloqueo también afecta a otros terrenos, como la toma de decisiones sobre la renovación en organismos económicos y legislativos. Al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde el pasado diciembre, se sumará, en los próximos meses, el Tribunal Constitucional, que debe renovar a cuatro de sus miembros, entre ellos su actual presidente.
Ambos cambios están atascados y lo estarán durante más tiempo si finalmente hay nuevas elecciones. Fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial colocan en marzo de 2020 el impulso en ambos órganos si hay generales.
Además, el retraso de la formación de Gobierno paraliza los cambios y las renovaciones previstos en las cúpulas de los organismos economícos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Consejo Económico y Social (CES), el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) quedan pendientes del desarrollo político ante los próximos cambios en las direcciones de los organismos, que deberían aprobarse por el Gobierno en los próximos meses.
En el caso de la CNMC, por ejemplo, los cargos del consejo duran seis años y no son renovables, por lo que en septiembre toca sustituir al presidente José María Marín Quemada, a la vicepresidenta, María Fernández, y a los consejeros José María Guinart, Clotilde de la Higuera y Benigno Valdés, como adelantó la agencia Efe. En caso de que no haya relevo, seguirán hasta que un Gobierno con plenas funciones decida sus sustitutos.
Un lastre para la economía
El bloqueo político comienza a tener sus efectos en la economía. La propia ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ya alertó de los costes económicos que tiene prolongar la formación de gobierno, ya que no hay capacidad para acometer reformas que palíen las incertidumbres y riesgos a las que se enfrenta el país.
Además, si el año que viene no hay Gobierno, nueve millones de pensionistas se tendrán que conformar con una subida del 0,25%, el mínimo que marca la ley. Pero no solo los mayores se verían afectados, sino que también dos millones y medio de funcionarios no verían la subida de sueldo que el gobierno prometió para ellos.
