El fin de los peajes impulsado por Sánchez costará 1.300 empleos. Imagen de una protesta contra los peajes, en 2015 en Alcanar (Tarragona). EFE/Sofia Cabanes

El Gobierno de Pedro Sánchez también utiliza los peajes como arma electoral

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Fomento anuncia el fin de los peajes en la AP-7 entre Alicante y Tarragona, en la AP-4 entre Sevilla y Cádiz y en la AP-1 entre Burgos y Armiñón

Economía Digital

El fin de los peajes impulsado por Sánchez costará 1.300 empleos. Imagen de una protesta contra los peajes, en 2015 en Alcanar (Tarragona). EFE/Sofia Cabanes

Barcelona, 18 de junio de 2018 (10:03 CET)

A raíz de las quiebras de autopistas como las radiales de Madrid, los peajes se convirtieron en arma electoral. El PP, tanto con Ana Pastor como con Íñigo de la Serna al frente de Fomento, prometió eliminar los peajes cuyas concesiones vencieran, si bien De la Serna terminó matizando. Ahora, lejos de abrir un debate sobre cómo pagar las autopistas, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez vuelve a la carga.

El ministerio de Fomento va a eliminar los peajes de las autopistas cuyas concesiones vencen en esta legislatura y va a auditar el plan para sacar a concurso las nueve autopistas de peaje quebradas y rescatadas por el Estado que ha heredado del anterior Ejecutivo, según adelantó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista en El País.

En concreto, el fin del peaje afectará a tres autopistas: la AP-1 entre Burgos y Armiñón, la AP-7 entre Alicante y Tarragona y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz. Estas concesiones vencen en 2018 y 2019 y cuentan con 468 kilómetros en total. El coste estimado para el Estado de conservar las concesiones que vencen este año y el próximo, sería, según Ábalos, de al menos unos 27 millones de euros al año, más la cantidad no cobrada por el peaje 

El fin de los peajes afectará principalmente a Abertis, recién adquirida por ACS y Atlantia

Este cambio de políticas del gobierno de Pedro Sánchez respecto a los peajes podría sentar precedente para las autopistas que vencen en 2021 (AP-2 entre Zaragoza y el Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol, con 479 kilómetros en su conjunto), aunque esta decisión quedaría en manos del gobierno que salga de las próximas elecciones generales.

La decisión anunciada por Ábalos coincide con la adquisición de Abertis, propietaria de las concesiones, por parte de ACS y Atlantia. El anterior titular de Fomento, Íñigo de la Serna, era partidario de poner fin a estos peajes pero desde el cambio de manos de Abertis ganaba fuerza la opción de volver a concesionar los tramos donde vencía el contrato.

Auditoría de las autopistas radiales quebradas

Respecto a las nueve autopistas radiales quebradas, el ministro asegura que la información que le han trasladado es que los ingresos previstos por la licitación son 700 millones y la responsabilidad patrimonial del Estado, entre 2.000 y 2.600 millones, frente a los 1.000 millones que esperaba obtener el Ejecutivo anterior y los 1.800 que preveía abonar.

"Tenemos que saber exactamente de cuánto estamos hablando y de la afectación al propio déficit del Estado", ha recalcado Ábalos, que ha destacado además de que le han advertido de que "las concesionarias que tenían esas autopistas van a provocar conflictos judiciales". En este sentido, el ministro ha anunciado que auditará los costes y los plazos de la relicitación de las nueve autopistas quebradas.

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