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El Govern se desmarca de las advertencias de Llach a los funcionarios, pero el Parlament aprueba este miércoles la reforma para lograr la independencia exprés

Manel Manchón

Economía Digital

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, visita la caseta del Pacto Nacional por el Referéndum instalada en Rambla Catalunya . EFE

26 de abril de 2017 (07:55 CET)

Nadie sabe cómo parar el carro. El Govern que preside Carles Puigdemont no puede detener lo que ha comenzado, y, aunque ya siente el vértigo, seguirá hasta el final, acelerando, incluso, los trámites para romper con el Estado. No puede hacer otra cosa.

Las palabras del ahora diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, en las que advierte a los funcionarios de que deberán asumir sanciones si se oponen a la legalidad catalana, dejaron este martes al gobierno catalán en una situación muy difícil. Ni se quería ni podía desmentir a Llach, ni se quiere dejar desprotegidos a los funcionarios de la Generalitat.

La portavoz del Govern, Neus Munté, constató la situación complicada del ejecutivo, insistiendo en que los funcionarios tendrán todo el apoyo de la Generalitat. ¿Pero en qué momento? Munté se escudó en la legalidad, pero en la legalidad catalana que se pueda establecer. Y decidió abrir una pequeña grieta contra Llach. “Me niego a centrar un debate que va de legalidad, de la inmensa mayoría de ciudadanos, a favor del referéndum, sobre esa cuestión. No creo que hablar de sanciones sea nada oportuno ni sea la cuestión que preocupa a los catalanes, y no entraré en este marco mental. Las leyes nos obligan a todos y en cada momento, según el marco legal vigente nos siguen obligando a todos”.

Munté exhibe las dudas del Govern, atrapado por su propio proyecto

¿Qué persigue, entonces el gobierno y el movimiento independentista? La referencia al marco legal responde a la voluntad de aprobar la ley de desconexión en el Parlament que permita romper con el Estado, y que todos los funcionarios de la Generalitat deban obediencia esa legitimidad catalana. Los debates en las redes sociales, los consejos de las entidades soberanistas, dan a entender que el choque de legitimidades se acabará produciendo, y se deberá elegir.

A ese equívoco juega el independentismo, aunque no exista una doble legitimidad, porque la ley que prima es la que emana de la Constitución española.

Sin embargo, el gobierno catalán, pese a que se encuentra atrapado y no ve el modo de reconducir la situación, seguirá adelante.

El independentismo cree que hay dos legitimidades legales y que se deberá elegir

Y este mismo miércoles el Parlament aprobará la reforma de la cámara que permitirá la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica sin el concurso de la oposición, por vía de lectura rápida y sin enmiendas, después de que se aprobara en una comisión conjunta que no tuvo nada de conjunta, con la participación sólo de dos diputados de Junts pel Sí y uno de la CUP.

Esa reforma estará lista cuando acabe el pleno del Parlament, entre este miércoles y el jueves. Pero la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica se hará esperar. La intención es que se aborde poco antes de convocar el referéndum, incluso horas antes, para que el Gobierno central no tenga tiempo de recurrirla. En ese caso, se asegura que el ejecutivo catalán actuará dentro de la ley, pero ¿de qué ley? ¿la ley catalana? La idea es aprobarla después de la Diada del 11 de septiembre, y convocar el referéndum para octubre.

Ni el Pdecat ni ERC se atreven a dar el primer paso para la retirada

La paradoja es que el partido de Puigdemont, el Pdecat, y ERC, con Oriol Junqueras al frente, no querrían llegar tan lejos.

Lo ideal sería una retirada a tiempo, para coger más fuerza y plantear el reto más tarde. Pero nadie se atreve a dar el primer paso, ni el Pdecat, ni los republicanos.

El temor es que el movimiento independentista, el que representan las entidades cívicas, los que ya están preparando la nueva Diada del 11 de septiembre, les acabe tachando de traidores.

Ante la imposibilidad de parar ese carro, Puigdemont sigue adelante. 

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